La organización denuncia torturas y malos tratos, ejecuciones, persecuciones a minorías y violaciones a la libertad de expresión
LONDRES, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional pidió hoy que el "callejón sin salida" creado por las críticas al programa nuclear iraní no "distraiga" al Gobierno ni a la comunidad internacional de la situación de los Derechos Humanos en Irán, la cual, seis meses después de la llegada al poder del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, sigue caracterizándose por las "violaciones generalizadas" y la falta de medidas por parte de Teherán "para abordar la situación".
"El Gobierno iraní debe dar pasos concretos para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país", declaró Amnistía Internacional. "El actual callejón sin salida en relación con el programa nuclear del país no debe distraer ni al Gobierno ni a la comunidad internacional de los problemas de Derechos Humanos que aquejan desde hace tiempo al país", añadió.
La organización presentó hoy el informe titulado 'Irán: el nuevo Gobierno no aborda la situación de los Derechos Humanos', en el que expone las violaciones que se están cometiendo actualmente y expresa preocupación por lo que parece una intensificación de la represión desde que el nuevo Gobierno tomó posesión, en agosto de 2005.
El informe se centra en la represión que se ejerce desde hace tiempo sobre las minorías étnicas y en las limitaciones a la libertad de expresión. También aborda la pena de muerte y el uso frecuente de la tortura.
MINORÍAS ÉTNICAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Pese a las garantías constitucionales de igualdad, el informe establece que desde la elección del presidente Ahmadineyad, varios miembros de minorías étnicas y religiosas de Irán han perdido la vida, han sido detenidos o acosados sólo por su etnia o su fe. Es el caso de la comunidad árabe ahwazi, algunos de cuyos miembros perdieron la vida o resultaron heridos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante los disturbios violentos que están teniendo lugar en la provincia de Juzestán.
La legislación iraní restringe severamente la libertad de expresión y de asociación, y los activistas de Derechos Humanos suelen sufrir represalias por su labor, afirma AI. El hostigamiento, la intimidación, los ataques, las detenciones, el encarcelamiento y la tortura de activistas y periodistas han continuado con el nuevo Gobierno, indica el informe.
En octubre de 2005 se volvieron a introducir los Tribunales de Prensa para juzgar presuntas infracciones del Código de Prensa, que contiene estipulaciones muy genéricas que se pueden utilizar para castigar a personas por la expresión pacífica de sus opiniones. Decenas de periodistas y de diarios comenzaron a ser sometidos a examen, y algunos periodistas fueron sentenciados a condenas condicionales de prisión.
TORTURAS Y MALOS TRATOS
Amnistía Internacional ha seguido recibiendo nuevas denuncias de tortura y malos tratos de detenidos, que siguen siendo habituales en muchas prisiones y centros de detención. También se ha vuelto una práctica normal la denegación de tratamiento médico como medio para ejercer presión sobre los presos políticos.
Es el caso del periodista de investigación Akbar Ganji, detenido en abril del 2000 y condenado a una pena de 10 años de prisión, que quedó reducida tras la apelación a seis meses, por "tomar parte en un delito contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el sistema islámico". En julio del 2001 fue juzgado de nuevo, acusado de "recoger documentos confidenciales del Estado para poner en peligro la seguridad del Estado" y "difundir propaganda", y condenado a seis años de cárcel.
Tras realizar una huelga de hambre como protesta por la denegación de tratamiento médico fuera de la prisión, fue puesto en libertad temporalmente para recibir tratamiento en julio del 2005. Volvió a prisión en septiembre de aquel año, y fue sometido a régimen de aislamiento. Un mes después, dijo a su esposa que las fuerzas de seguridad le habían propinado palizas mientras estaba en el hospital, antes de volver a la cárcel.
"Las autoridades iraníes deben investigar todas las denuncias de tortura y malos tratos, y adoptar medidas efectivas para que cualquier persona implicada en violaciones de Derechos Humanos comparezca ante la justicia", manifestó Amnistía Internacional. "Asimismo, hacen falta medidas urgentes y efectivas para garantizar que se erradica de una vez por todas el uso de la tortura", añadió.
PENA DE MUERTE
Aparte, Amnistía Internacional ha registrado 69 ejecuciones entre julio del 2005 y finales de enero del 2006, incluidas las de dos jóvenes que, según los informes, eran menores de 18 años en el momento de la ejecución. Se sigue imponiendo la pena de muerte por cargos tan genéricos como "corrupción en la tierra", por relaciones sexuales mantenidas entre adultos con consentimiento y en privado y por otros delitos como beber alcohol, así como por delitos como violación, asesinato y narcotráfico.
La organización ha pedido a las autoridades que muestren su respeto al derecho inherente a la vida ordenando la suspensión de las ejecuciones y adoptando medidas inmediatas para impedir nuevas ejecuciones de menores o de personas que tenían menos de 18 años cuando cometieron los delitos de los que están acusadas.
