NUEVA YORK, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que el número de ejecuciones ha aumentado "claramente" en Irán desde que accedió al poder el actual presidente Mahmud Ahmadineyad, en agosto de 2005.
Concretamente, según informaciones de los medios de comunicación iraníes, sólo entre el 20 de enero y el 20 de febrero de este año las autoridades ejecutaron a diez presos y condenaron a muerte a otros 21.
Es el caso de Hojat Zamani, un miembro de la formación opositora ilegal Muyahidines Jalq, quien fue ejecutado el pasado 7 de febrero en la prisión de Gohardasht, en Karaj (provincia de Teherán), "tras un juicio que no se ajustó a las normas internacionales", según HRW, que ha expresado su preocupación por la suerte de otros tres miembros de la organización presos en Irán: Saeed Masouri, Gholamhussein Kalbi y Valiollah Feyz Mahdavi.
Las autoridades judiciales iraníes acusaban a Zamani de estar implicado en un atentado con bomba perpetrado en 1988 en Teherán y que causó tres muertos y 22 heridos. Fue condenado a muerte en 2004 en un juicio en el que el procesado no tuvo acceso a abogados.
Zamani fue sacado de su celda y ahorcado dentro del penal, pero su ejecución no fue confirmada por el ministro de Justicia, Jamal Karimirad, hasta una semana más tarde, en medio de las crecientes protestas internacionales.
Human Rights Watch ha expresado también su temor por la inminente ejecución de tres personas acusadas de implicación en el secuestro de un aeroplano en 2001. Se trata de Jaled Hardani, Farhang Pour Mansouri y Shahram Pour Mansouri. Este último tenía 17 años de edad en el momento del secuestro.
Al respecto, la organización recordó que la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la imposición de la pena de muerte para los delitos cometidos durante la minoría de edad. Irán es Estado parte de ambos tratados.
Las organizaciones iraníes de Derechos Humanos han acusado al Gobierno de Ahmadineyad de recurrir cada vez más a la violencia para acabar con la disidencia. Estas preocupaciones se han visto acentuadas por la presencia de varios ministros en su gabinete que están acusados de graves violaciones de Derechos Humanos.
Por ejemplo, el ministro del Interior, Mustafá Pour-Mohammadi, está acusado de crímenes contra la Humanidad por su implicación en el juicio sumarísimo y posterior ejecución arbitraria de miles de presos políticos en 1988.
