JERUSALÉN, 30 Abr. (Reuters/EP) -
La Corte Suprema de Justicia de Israel ha dado a las autoridades un plazo de 60 días para exponer sus argumentos en contra de la demolición de cinco edificios de viviendas construidos en el asentamiento judío de Beit El, ubicado en Cisjordania, que estaba prevista para el 1 de mayo.
"No más tarde de 60 días la Oficina del Fiscal del Estado presentará una declaración actualizada y, de acuerdo con lo que diga, decidiremos cómo proceder con la petición (de demolición)", ha dicho el alto tribunal.
El año pasado, el Gobierno de Benjamin Netanyahu aceptó destruir los edificios de viviendas, después de que un tribunal israelí determinara que estaban construidos sobre unos terrenos privados propiedad de palestinos.
No obstante, el pasado viernes las autoridades israelíes solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que retrasara la demolición alegando "razones operacionales" que no especificó.
El primer ministro hebreo ha recibido importantes presiones de su partido político, el conservador Likud, y de las asociaciones de colonos judíos --sus aliados políticos-- para que impida la demolición de dichos inmuebles.
En este contexto, la organización humanitaria Yesh Din, que ha impulsado el proceso judicial para demoler los edificios, ha considerado que la decisión final adoptada por la Corte Suprema de Justicia evidencia que ha sucumbido a presiones políticas.
"Es una decisión inquietante que plantea el problema de que la Corte Suprema de Justicia no puede aguantar la gran presión ejercida por el Gobierno de Israel", ha dicho el director de Yesh Din, Haim Erlich.
La decisión del alto tribunal se produce en el marco de la polémica que se ha generado después de que Israel legalizara hace una semana tres asentamientos judíos en Cisjordania con el argumento de que "estas comunidades se fundaron en los años 90 sobre la base de decisiones de gobiernos anteriores".
Los asentamientos autorizados son los de Bruchin, Rechelim y Sansana. Los dos primeros están formados por 60 y 45 familias, respectivamente, y se encuentran en las montañas de Samaria, al norte de Jerusalén, mientras que el tercero alberga a unas 50 familias y se ubica en las montañas de Hebrón.
La legalización de estos tres asentamientos judíos ha suscitado las críticas de la comunidad internacional, que considera que todos los asentamientos judíos que hay en Cisjordania son ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional.
Sin embargo, el Gobierno de Israel rechaza esta postura y funda la legalización de asentamientos judíos en Cisjordania en la distinción de los que han recibido una autorización oficial y los que no.
Los palestinos temen que los 130 asentamientos que Israel ha levantado en los territorios que se anexionó en la guerra de 1967 acaben con la viabilidad del Estado que pretenden fundar sobre Cisjordania y la Franja de Gaza con Jerusalén Este como capital.
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)
