Italia.- Ciampi no ratifica la ley que prevé que las sentencias de absolución no puedan ser apelables

ROMA 20 Ene. (de la corresponsal de EUROPA PRESS C. Giles) -

El presidente de la República italiana, Carlo Azeglio Ciampi, comunicó hoy que no ratificará la ley aprobada por el Gobierno el pasado 12 de enero que prevé que los fiscales no puedan apelar las sentencias de absolución, según informó la presidencia en un comunicado.

Ciampi pide a las Cámaras una nueva deliberación de esta ley, que modifica el procedimiento penal y que había sido criticada fuertemente por la oposición al considerar que la nueva ley que beneficiaba al presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, que tiene pendientes algunos procesos.

La ley cambiaba el proceso penal, ya que los fiscales no podrían presentar recurso al tribunal de apelación en el caso de que el acusado fuese absuelto y sólo podrían acudir directamente al Supremo, que sólo comprobaría la legitimidad del juicio y no se podría expresar sobre la sentencia.

El creador de la ley, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados, Gaetano Pecorella, diputado del partido Forza Italia y abogado de Berlusconi, afirmó que son "inexplicables las razones por las que Ciampi ha declararo inconstitucional esta ley".

Mientras que la oposición de centro-izquierda opinaba que la ley favorecería a Berlusconi, el Gobierno aprobó esta ley explicando que la norma respondía a las indicaciones de la Unión Europea para recortar los tiempos de duración de los procesos.

Debido a las próximas elecciones, previstas para el 9 de abril, los trabajos de la Cámara de los Diputados se tendrán que detener el próximo 29 de enero, por lo que la nueva discusión de esta ley se realizará con seguridad después de la cita electoral.

Se trata de la tercera ley del Gobierno Berlusconi que el presidente de la Repubblica se niega a ratificar, declarándolas inconstitucionales: la primera fue la que reordenaba el sistema televisivo y audiovisual en el país y la segunda preveía una amplia reforma del sistema judicial.