ROMA, 22 Sep. (de la corresponsal de EUROPA PRESS C. Giles) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy un decreto urgente que prevé multas a quien posea o publique escuchas telefónicas ilegales, después del último escándalo en el país, al descubrirse una red clandestina que espiaba a miles de personas, entre ellas políticos y empresarios.
El decreto, aprobado con urgencia por el Gobierno, entrará en vigor mañana y cuenta con el apoyo de la oposición, que ha sido consultada, según anunció el ministro de Justicia, Clemente Mastella.
La urgencia del Gobierno se debe al enésimo caso en el país relacionado con las escuchas telefónicas. El pasado miércoles se detuvo a 20 personas, entre ellas antiguos responsables de la compañía telefónica Telecom, que habían creado una amplia red de escuchas ilegales que se dedicaba a espiar sobre todo a políticos y empresarios.
La medida prevé que las escuchas ilegales no puedan ser utilizadas en procesos judiciales y por lo tanto no servirán a probar ningún tipo de delito y tienen que ser inmediatamente destruidas, según anunció el ministro del Interior, Giuliano Amato.
Por otra parte, el decreto prevé que un juez pueda sancionar a quien posea este material, así como al editor, el director y el vicedirector de los medios de comunicación que publiquen este tipo de material, con multas que van desde 50 céntimos por copia de periódico o revista o de 50.000 a un millón de euros en el caso de emisión en radio o televisión. De cualquier manera, las multas no serán inferiores a los 20.000 euros aunque el medio sea de pequeña tirada.
El presidente del Gobierno, Romano Prodi, que no participó en la reunión, comentó que el decreto intentará "evitar que estas escuchas provoquen chantajes". "Con el decreto ley aprobado hoy se garantiza la tutela de todos los ciudadanos y no sólo la de los llamados 'vips'. Esta norma garantiza y da serenidad a los italianos. No es posible que quien llame por teléfono pueda estar preocupado porque le puedan estar espiando ilegalmente", dijo por su parte Amato.
El presidente de los senadores de Forza Italia, Renato Schifani, anunció que existe la voluntad de la oposición de examinar el decreto lo antes posible y convertirlo en ley "si respeta la exigencia del derecho a la privacidad de los ciudadanos".
