BRUSELAS, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Justicia española tarda de media unos 289,1 días para resolver litigios civiles y comerciales, unos cinco días más que la media en la Unión Europea, que se sitúa en los 284,3 días, según el informe publicado este miércoles por la Comisión Europea que evalúa la eficacia de los sistemas judiciales en la UE.
Sólo los sistemas judiciales de Malta (más de 800 días), Chipre (más de 500 días), Italia (unos 500 días), Eslovenia y Portugal (más de 400 días en ambos casos), Eslovaquia (más de 350 días) y Letonia (más de 300 días) tardan más tiempo que el española en resolver estos casos, según refleja el informe con datos de 2010 del Consejo de Europa.
Lituania es el país donde la justicia tarde menos en resolver los litigios civiles y comerciales, unos 50 días de media, mientras que los de República Checa y Austria tardan algo más de cien días en resolverlos y los de Hungría, Polonia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Grecia tardan todos menos de 200 días.
En el caso de Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido, no hay datos disponibles, uno de los problemas que señala el informe para poder tener una idea comparativa de la eficacia de los sistemas judiciales en Europa.
Respecto a la tasa de casos civiles y comerciales resueltos, la Justicia española ha logrado resolver el 93,6% de los casos frente al 98% de media en la UE.
Finlandia, Rumanía, Malta, Letonia, Chipre y Grecia registran tasas más bajas que en el caso de la Justicia española, mientras que los sistemas judiciales de Alemania y Austria obtienen tasas del 100% y los de Luxemburgo, Italia, República Checa, Dinamarca, Lituania, Portugal y Hungría superan el 100%. La tasa del 100% o superior indica que los sistemas judiciales son capaces de resolver "al menos" el mismo número de casos que les llegan.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha lamentado las grandes diferencias entre Estados miembros a la hora de resolver los litigios civiles y comerciales y ha insistido en la importancia de que los Estados miembros cuenten con sistemas judiciales eficaces e independientes y que se perciban como tales por las empresas y los ciudadanos, para atraer empresas e inversión extranjera a sus países.
"Decisiones judiciales predecibles, tempranas y que se cumplan tiene un impacto clave para hacer de un país atractivo para los negocios y la inversión. La justicia retrasada es justicia denegada", ha advertido, si bien ha confiado en que la nueva legislación comunitaria sobre mecanismos de resolución de disputas alternativos contribuya a mejorar la situación.
Reding ha confiado en que el informe presentado este miércoles bautizado 'Justice Scoreboard' con datos comparativos sobre los sistemas judiciales en la UE constituye una "nueva herramienta" que funcione como un sistema de "alerta temprana" para ayudar los esfuerzos de reforma de los sistemas judiciales nacionales en los Estados miembros, aunque ha dejado claro que se trata de "un primer paso" para contribuir a mejorar su eficacia a partir de "un diálogo abierto" con los Estados miembros.
El informe de este año se ha centrado en comparar indicadores como el tiempo para resolver litigios comerciales y civiles, la utilización de los sistemas electrónicos, la existencia de mecanismos de resolución de disputa alternativos, la formación de jueces y las percepciones sobre la independencia de los sistemas judiciales, aunque el Ejecutivo comunitario no descarta que futuros ejercicios amplíen el alcance, por ejemplo para cubrir también la justicia criminal.
En todo caso, el Ejecutivo comunitario tendrá en cuenta los resultados del informe de cara a determinar el tipo de recomendaciones individuales por países que hará en el marco del Semestre Europeo el próximo mes de mayo.
El informe del Ejecutivo comunitario también compara otros indicadores importantes para la calidad de los sistemas judiciales como el presupuesto destinado a los tribunales y el número de jueces.
PRESUPUESTOS Y JUECES
En el caso del presupuesto, España es el tercer país de la UE que más presupuesto dedica por habitante para financiar su sistema judicial al destinar 91,4 euros por habitante, sólo por detrás de Luxemburgo (cerca de 140 euros por habitante) y Alemania (más de 90 euros) mientras que los que menos destinan, menos de 20 euros, son Bulgaria, Lituania, Rumanía y Letonia, según pone de relieve el informe, sin datos en este caso de Bélgica, Irlanda y Reino Unido.
España cuenta con 22,8 jueces por cada 100.000 habitantes, algo menos que el 23,7% de media en la UE, aunque no hay datos para Bélgica, Irlanda y Reino Unido.
Eslovenia tiene más de 70 jueces por 100.000 habitantes, lo que le sitúa como el país con más plantilla de jueces, seguido de República Checa (cerca de 50), Eslovaquia (40) y Luxemburgo, que acoge el Tribunal de Justicia de la UE, con más de 35.
Malta es el país a la cola de la UE en número de jueces con menos de 10 por 100.000 habitantes, seguidos de Italia y Francia, con algo más de 10 en su caso.
El informe también valora la formación obligatoria de jueces en los Estados miembros, desde la formación inicial, especializada, formación en informática o en funciones de gestión. Chipre, Malta y Finlandia son los únicos países donde no existe formación obligatoria para los jueces.
Por lo que respecta a la utilización de los sistemas electrónicos para la comunicación entre los tribunales y las partes, España se sitúa más bien a la cola con una puntuación de menos de un dos, en una escala ascendente del 0 al 4.
Junto con España, sólo sacan por debajo del dos Hungría, Reino Unido, Bulgaria, Luxemburgo, Suecia, Chipre, Bélgica, Dinamarca y Grecia. Estonia, Malta, Austria, Portugal son los sistemas que más recurren a las comunicaciones electrónicas y de hecho son los únicos que sacan la máxima puntuación de 4.
Por lo que respecta a la percepción pública sobre la independencia de los sistemas judiciales nacionales, el sistema judicial español obtiene un cuatro de una escala de 0 a 7, de menor a mejor percepción y se sitúa en el puesto 60 de un ranking de 144 países, según datos del World Economic Forum que cita el informe. Reding ha dejado claro que la independencia judicial y sobre todo que se perciba como tal es un área al que se deberá prestar "más atención" en el futuro.
