CARTAYA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), remitió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que le solicita que, una vez agotada la vía diplomática, el Gobierno lleve a cabo una intervención "de alto nivel" ante el Gobierno letón para conseguir la liberación del joven onubense Miguel Ángel López, detenido en Riga por "ultraje" a la bandera nacional.
En la carta, remitida a Europa Press, Millán pidió a De la Vega su apoyo y participación y muestra su preocupación por las condiciones de la prisión en la que se encuentra el joven cartayero, una prisión que, según asevera, "es la peor considerada del país, no cumpliendo las mínimas condiciones higiénicas y humanitarias que establece el derecho internacional".
En este sentido, el primer edil mostró su "sorpresa" e "indignación" por las causas y circunstancias de la detención del estudiante onubense, junto a otros seis jóvenes europeos, "por el hecho de coger unos banderines con simple afán coleccionista", una actuación que llevaron a cabo "sin intención de ofender al país y aún menos de ultrajar a la bandera".
Así, subrayó que Miguel Ángel "nunca ha militado en ningún partido ni grupo radical que tengan como objeto ofender o ultrajar los símbolos de los estados", al tiempo que destaca la "sorpresa", "indignación" y "tristeza" de su familia y amigos.
Igualmente, Millán aseguró que "por acuerdo verbal entre el abogado de los detenidos y el fiscal, se le indicó a las familias que pusieran una fianza de 3.850 euros, que se ha establecido el día 30 de mayo de 2007", e indicó que, "a pesar de ello, no han sido puestos en libertad como se consensuó, y ello ha sido por orden del fiscal general de Letonia".
Por tanto, el primer edil consideró "insólita" la "tozudez" del fiscal y el hecho de "que tengan que permanecer detenidos hasta el día del juicio, que puede tardar como mínimo dos meses". "Lo que más nos preocupa ahora es que les van a trasladar de prisión, todo ello a unos jóvenes que nunca han sido encarcelados ni tratados como se les está tratando", apostilló.
"Consideramos que se le está dando al asunto una dimensión radical, desproporcionada, injusta y carente de cualquier rasgo humanitario", según prosigue en la carta Millán, que indica que "se han comenzado a recoger firmas ante la tozudez del Gobierno y la Fiscalía de Letonia a mantener una actitud desproporcionada, injusta y que no se ha ejecutado de acuerdo con el derecho internacional".