MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha acusado este martes a Israel de "robar la tierra" de los palestinos tras la decisión del Parlamento de Israel de aprobar una ley que legaliza de forma retroactiva unas 4.000 viviendas levantadas ilegalmente por colonos en terrenos de Cisjordania que tienen propietarios palestinos.
En su comunicado, publicado en la página web del organismo, Abul Gheit ha recalcado que "la citada ley no es más que un pretexto para robar tierra y hacerse con las propiedades privadas de los palestinos".
Así, ha indicado que la ley "refleja las verdaderas intenciones del Gobierno de Israel y muestra sus políticas contrarias a la paz", agregando que "es una continuación de sus políticas para destruir la solución basada en dos estados".
Abul Gheit ha manifestado además que "el Gobierno de Israel es totalmente cautivo de las corrientes de extrema derecha que no creen en la solución basada en dos estados".
Durante la jornada, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que la ley "contraviene el Derecho Internacional" y tendrá "consecuencias legales a largo plazo".
En este sentido, ha lamentado que este tipo de normativas concede "inmunidad" para que los colonos puedan construir sin problemas en zonas propiedad de palestinos, según un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric.
El máximo responsable de la ONU ha insistido en la necesidad de evitar "cualquier acción" que pueda perjudicar la búsqueda de la paz y la "solución de dos Estados". "Todos los asuntos esenciales deben resolverlos las partes mediante negociaciones directas", ha reclamado.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha amenazado con llevar a Israel ante "instituciones internacionales" por la aprobación de dicha legislación.
Abbas ha defendido, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes desde París tras reunirse con el presidente francés, François Hollande, que esta norma jurídico es "una agresión" contra el pueblo palestino que frenará en "instituciones internacionales".
Se trata además, ha sostenido, de "un desafío flagrante a los deseos de la comunidad internacional", ya que contraviene la resolución aprobada el pasado 23 de diciembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que declara ilegales los asentamientos israelíes y reclama su fin.
El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, ya reclamó el mismo lunes a la comunidad internacional que "asuma su responsabilidad antes de que las cosas lleguen a un punto en el que sea difícil controlarlas".
LA NUEVA LEGISLACIÓN ISRAELÍ
Los diputados israelíes apobaron por 60 votos a favor y 52 en contra la conocida como Ley de Regulación, que pone estas viviendas de forma efectiva bajo jurisdicción regular israelí y no bajo la administración militar israelí que controla los territorios ocupados desde 1967.
La votación se celebró a pesar de la petición expresa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de retrasarla hasta después de su viaje a Washington, previsto para el 15 de febrero. El principal defensor de la iniciativa ha sido el partido Bayit Yehudi, Hogar Judío, de actual ministro de Educación, Naftali Bennett.
Finalmente la ley fue aprobada pese al rechazo de la oposición, con el partido Unión Sionista al frente. El presidente de la Unión Sionista, Isaac Herzog, argumentó durante el pleno que rechazan la anexión porque podría propiciar que "miles de palestinos entraran en el Estado judío".
El proyecto de ley prevé la expropiación de las tierras palestinas a cambio de una compensación por valores superiores a su precio de mercado. Estos terrenos pasarán a titularidad del Comisario de Propiedades Gubernamentales de Cisjordania.
La iniciativa será probablemente muy criticada por la comunidad internacional, ya que la colonización de territorios ocupados militarmente es constitutiva de crimen de guerra.
En cualquier caso, todo apunta que la ley, aunque haya sido aprobada, será impugnada de inmediato ante los tribunales y el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, ya ha advertido de que no defenderá la norma en el proceso judicial.
