Publicado 02/04/2015 17:21CET

Lituania reabre su investigación sobre la cárcel secreta de la CIA

Agencia Central de Inteligencia (CIA)
Reuters

VILNA/VARSOVIA, 2 Abr. (Reuters/EP) -

Fiscales lituanos han informado este jueves de la reapertura de la investigación sobre el caso de los conocidos como "vuelos de la CIA", por el que países aliados permitieron el paso o directamente alojaron en cárceles secretas a sospechosos de terrorismo que habían sido capturados sin las garantías debidas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Entre los países que colaboraron con la CIA está Lituania, donde supuestamente se instaló una de estas cárceles secretas.

Ahora los fiscales lituanos tienen intención de volver a investigar lo ocurrido pese a que el caso se cerró hace cuatro años. El motivo es la publicación el año pasado de una investigación del Senado estadounidense en la que se describen unas instalaciones que podrían ser las mismas de las que se ha informado en Lituania, ha explicado una portavoz de la Fiscalía lituana en declaraciones a Reuters.

En un correo electrónico remitido a la agencia, la portavoz señala que el fiscal Irmantas Mikelionis "decidió el 22 de enero cancelar la decisión del 14 de enero de 2011 por la que los fiscales interrumpían la investigación por posibles abusos, y ha reabierto la investigación".

La investigación lituana abierta en 2010 se centró en un presunto delito de abuso de autoridad de los máximos responsables del Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, un año después se archivó el caso por falta de pruebas.

Tanto el informe del Senado, como una comisión de investigación parlamentaria lituana y los docupentos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) apuntan a que la CIA utilizó una escuela de equitación reconvertida situada a las afueras de Vilna. En esta prisión se alojó a varios presuntos miembros de Al Qaeda entre 2005 y 2006, aunque no se ha reconocido de forma oficial.

Activistas de Derechos Humanos y abogados de los detenidos por la CIA alegan que esta prisión de Lituania formaba parte de una red más amplia en países aliados de Estados Unidos cuyo objetivo era mantener retenidos e interrogar a sospechosos de Al Qaeda.

El informe del Senado acusa a la CIA de torturar a los detenidos sin apenas obtener así información, e incluso a veces ni siquiera la obtenían. Sobre Lituania, aunque tiene muchas partes censuradas, el informe revela que las autoridades lituanas estaban al tanto de lo que estaba haciendo la CIA en suelo lituano.

En concreto, sostiene que la CIA obtuvo la autorización de la dirigencia de un país no identificado para la creación de un centro de detención. A mediados de 2003 la CIA decidió que la instalación no era lo suficientemente grande y optó por un cambio de ubicación para levantar lo que luego se conoció como centro de detención Violeta.

A cambio, la CIA ofreció al menos un millón de dólares para "demostrar su aprecio" por el apoyo de sus aliados. La cantidad exacta estaba censurada. La cárcel Violeta abrió a principios de 2005 y cerró en 2006, cuando el país anfitrión rechazó el ingreso de un detenido con problemas médicos, Mustafá Ahmad al Hawsawi, en un hospital convencional.

Todos estos detalles casan con lo descubierton por la comisión de investigación del Parlamento lituano al respecto de esta supuesta cárcel de la CIA: las fuerzas de seguridad lituanas ayudaron a la CIA a acondicionar unas instalaciones para la detención en un edificio de Vilna y después colaboraron para el traslado a la escuela de equitación, aunque concluye que no hay pruebas que demuestren que las instalaciones se utilizaron para alojar a prisioneros.

En cuanto al TEDH, un ciudadano saudí, Abú Zubaidah, ha denunciado su estancia contra su voluntad en la cárcel secreta de la CIA que había en Lituania y que el Estado lituano no le garantizó sus derechos inherentes.

La nueva investigación se sumará a una ya abierta el año pasado sobre el supuesto traslado ilegal de Al Hawsawi a través de territorio sobreano lituano. La portavoz de la Fiscalía ha señalado además que este caso incluye dos presuntos delitos incluidos en el código penal: transporte ilegal de un extranjero a través de las fronteras de Lituania y abuso de poder de un trabajador con sueldo público con resultado de daños importantes.

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