Londres defiende ante el Supremo que no corresponde a los jueces valorar la suspensión del Parlamento

Publicado 18/09/2019 16:46:16CET
Boris Johnson
Boris Johnson - Francisco Seco/PA Wire/dpa

LONDRES, 18 Sep. (Reuters/EP) -

La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento es una cuestión política y no compete a los jueces, ha defendido el abogado del 'premier' este miércoles en su intento de persuadir al Tribunal Supremo de que el aplazamiento durante cinco semanas de las sesiones parlamentarias es legal.

Johnson pidió a Isabel II que suspendiera el Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, lo que fue visto por la oposición como un intento de silenciar a los diputados a falta de semanas de que venza el plazo para el Brexit, el 31 de octubre.

Durante su intervención, el abogado de Johnson, James Eadie, ha sostenido que la capacidad de suspender el Parlamento es un asunto político o de "alta política" que no es judiciable, es decir, que sobre el que no corresponde que se pronuncien los jueces.

Según el letrado, les corresponde a los diputados hacer rendir cuentas al Gobierno y no a los tribunales, por ello los parlamentarios pueden celebrar una moción de censura contra el Gobierno si así lo desean. "Estos son juicios políticos", ha afirmado.

El fallo del Supremo no se espera antes de este viernes como pronto. Johnson, que no está compareciendo en persona ante el Supremo, ha dicho que necesitaba la suspensión para poder presentar una nueva agenda legislativa, mientras que sus detractores sostienen que lo que busca es impedir que el Parlamento frene la salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo.

Un abogado de la empresaria y activista Gina Miller, una de las personas que ha presentado la acción legal contra la suspensión, dijo al tribunal el martes que ningún otro primer ministro había abusado del poder de suspender el Parlamento de esta manera en los últimos 50 años.

En su opinión, hay fuertes evidencias de que Johnson quería silenciar al Parlamento porque lo consideraba un obstáculo y dijo que es "destacable" que el primer ministro no hubiera ofrecido una declaración como testigo enunciando sus razones para la suspensión.

El Supremo ya sentenció en contra del Gobierno en un caso constitucional similar en 2017, también presentado por Miller, cuando dijo que los ministros no podían empezar el proceso formal de salida de la UE de dos años sin la aprobación del Parlamento.

Al inicio de la vista este martes, la presidenta del tribunal, Brenda Hale, sostuvo que el caso actual es una cuestión legal y no tendría un impacto directo en cuándo y cómo se produce el Brexit.

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