NAIROBI, 3 May. (Reuters/EP) -
La Justicia keniana ha imputado a 62 personas por interferir en las elecciones primarias de varios partidos de cara a los comicios presidenciales, programados para el próximo mes de agosto, mediante el soborno de votantes y la incitación a la violencia, según ha anunciado este miércoles la oficina del fiscal general.
En las elecciones del próximo 8 de agosto, donde se disputarán la Presidencia el actual mandatario keniano, Uhuru Kenyatta, y el líder de la oposición, Raila Odinga, también se disputará la distribución de escaños en el Parlamento y en cientos de consejos locales.
La devolución de determinados poderes a los condados durante la Presidencia de Kenyatta, el lucrativo acceso que tienen ciertos políticos locales a los presupuestos y lo altos que son los salarios de los altos funcionarios a nivel local han provocado que las elecciones locales vuelvan a ser el foco central del interés popular.
Las primarias que se celebraron el mes pasado para determinar los consejos locales se vieron eclipsadas por la violencia, las acusaciones de manipulación y la cancelación de millones de papeletas consideradas falsas. Decenas de candidatos se quedaron sin partido y tuvieron que registrarse como independientes.
Entre los 62 acusados se encuentra un diputado local y un candidato a gobernador de una de las 17 provincias del país, según ha explicado el director de la Fiscalía General en un comunicado.
Tras los episodios de violencia, se ha establecido que todos los partidos políticos tienen que entregar los nombres de sus candidatos ante la Comisión Electoral antes del 10 de mayo, con el objetivo de asegurar "un ambiente seguro para la celebración de elecciones libres y pacíficas".
Odinga, que procede de una de las familias políticas más poderosas de Kenia, intentará desbancar a Kenyatta, el rico hijo del primer presidente del país y líder del gobernante partido Aniversario, que opta a un segundo mandato.
Las últimas elecciones kenianas, celebradas en 2013, se desarrollaron sin incidentes. No obstante, el país sigue atormentado por los dos meses de violencia que siguieron a las disputadas presidenciales de 2007, cuando las protestas políticas degeneraron en un baño de sangre étnico: más de 1.200 personas murieron y 600.000 abandonaron sus hogares.
