MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía ha detenido a 45 activistas durante una protesta para evitar el traslado de inmigrantes en un autobús en el barrio londinense de Peckham Dorset en una protesta contra la política del Gobierno para la deportación de inmigrantes indocumentados a Ruanda.
Un nutrido grupo de manifestantes, muchos con la cara tapada, rodeó el autobús e impidió su desplazamiento desde el Hotel Best Western de Londres hasta el centro de acogida instalado en la barcaza 'Bibby Stockholm', anclada en Dorset, en el suroeste de Inglaterra.
Cuando llegaron los agentes, en la mañana del jueves, los activistas estaban con los brazos entrelazados y una de las ruedas del vehículo estaba pinchada, informa la cadena Sky News.
Varios de los manifestantes se habían sentado frente al autobús y fueron retirados por los policías. Los detenidos están acusados de obstrucción de vía pública, obstrucción a la Policía y agresión a agentes del orden público.
Las grabaciones difundidas muestran a los manifestantes coreando consignas como "No hay fronteras, no hay países, paremos las deportaciones".
El 'Bibby Stockholm' tiene capacidad para unas 500 personas. Está concebido como un centro de acogida para personas sin hogar, pero se utiliza recurrentemente para el internamiento de inmigrantes y se han producido incidentes graves como la muerte el mes pasado de un solicitante de asilo albanés, un brote de legionela o las condiciones "claustrofóbicas" denunciadas incluso por diputados.
"Alojar a los inmigrantes en hoteles cuesta millones de libras al día a los contribuyentes británicos", ha argumentado este mismo jueves el ministro del Interior británico, James Cleverly. "No vamos a permitir que este pequeño grupo de estudiantes que posan para las redes sociales nos impidan hacer lo correcto según el criterio de la población británica", ha añadido.
El Gobierno de Reino Unido ha logrado aprobar una nueva ley migratoria que prevé la deportación a Ruanda de inmigrantes, país con el que se ha firmado un tratado por el que se lo considera país seguro a pesar de las críticas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
