LONDRES, 15 Nov. (Reuters/EP) -
Al menos 10.000 funcionarios de prisiones han protestado este martes en Reino Unido por el aumento de la violencia en las cárceles del país, lo que ha provocado que el Gobierno solicite una orden judicial para forzarlos a volver al trabajo.
Los funcionarios en Inglaterra y Gales tienen prohibido convocar huelgas. Sin embargo, miles de personas han dejado de trabajar para mostrar su preocupación por la salud y seguridad del personal de las cárceles, así como de los detenidos.
Las protestas, que durarán 24 horas, han comenzado a medianoche. El Gobierno anunció a principio de noviembre que llevaría a cabo varias reformas para aumentar la seguridad en las prisiones, lo que según la ministra de Justicia, Liz Truss, supone su "prioridad número uno".
Truss ha condenado la manifestación por considerarla "ilegal" y ha asegurado que las protestas ponen en peligro a más personas. Las autoridades han presentado el caso ante el Tribunal Superior de Londres. "Hemos sido muy claros respecto al hecho de que los funcionarios deben volver al trabajo inmediatamente", ha señalado la portavoz del Ministerio de Justicia.
El viceministro de Justicia, Sam Gyimah, ha indicado que el Gobierno ha hecho una "oferta excepcional" a la Asociación de Funcionarios de Prisiones (POA, por sus siglas en inglés) y ha instado a los trabajadores a reanudar las negociaciones.
Las fuerzas de seguridad han registrado varios incidentes en las cárceles británicas durante el último año, lo que incluye varios casos de homicidios y revueltas. La semana pasada, dos prisioneros escaparon de una cárcel de Londres después de dejar varios maniquíes en sus camas para engañar a los guardias de seguridad.
"El POA se ha enfrentado a un aumento del peligro ante la situación de los presos, el recorte del personal y la gestión de los centros, lo que se ha traducido en una falta de disciplina y ha provocado que los detenidos se hagan con el control de algunas áreas de las cárceles", ha señalado el POA a través de un comunicado.
La situación ha provocado que los sospechosos en custodia no hayan sido trasladados a los juzgados en el marco de los procesos judiciales abiertos contra ellos, lo que incluye a Thomas Mair, el principal acusado de haber matado en junio a la diputada laborista Jo Cox.
