MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La aprobación de una nueva ley en Sudán del Sur que regula el funcionamiento de las ONG ha puesto en guardia a las organizaciones de ayuda, que temen mayores restricciones para atender a la población de un país que aún no ha logrado superar el conflicto desatado hace año y medio.
El martes, el Parlamento sursudanés dio luz verde a un documento con el que las autoridades quieren regular un sector que, hasta ahora, ha trabajado sin una legislación específica. Según el diputado Samson Ezekial, del gobernante Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), se trata únicamente de "registrar el número de ONG, regular sus actividades y coordinar sus asuntos".
La regulación obliga a las organizaciones extranjeras a disponer de un 80 por ciento de personal local --también en los puestos directivos--, a firmar acuerdos individuales con el Gobierno y a utilizar los bancos locales, entre otras medidas concretas recogidas por la agencia de noticias IRIN.
Las autoridades sudanesas han citado como argumento para aprobar esta ley los casos de organizaciones camufladas bajo el emblema de una supuesta ONG que recaudan fondos que luego no destinan a la población sursudanesa.
Ezekiel, asimismo, ha reconocido que quieren controlar a las ONG "para que no hagan algo distinto a lo que hace el Gobierno". "Quizás tiene una prioridad diferente", ha apuntado, si bien ha insistido en que no intentarán controlar a los trabajadores humanitarios.
El Gobierno de Sudán del Sur llegó a ordenar en 2014 a todos los cooperantes extranjeros que abandonasen el país. Aunque la medida fue levantada poco después, el anuncio puso de manifiesto la impredicibilidad de unas autoridades ante agencias que considera ajenas e incluso potencialmente peligrosas.
NECESIDADES ACUCIANTES
Según datos de la ONU, más de la mitad de los 12 millones de habitantes de Sudán del Sur necesitan ayuda y alrededor de 2,5 millones sufren una grave inseguridad alimentaria. El conflicto desatado hace año y medio dejó unos 50.000 muertos y obligó a unos 2 millones de sursudaneses a abandonar sus hogares.
Las ONG temen no poder responder a todas estas necesidades con los nuevos controles oficiales a una situación ya de por sí compleja. Las autoridades han prohibido a las organizaciones que alerten públicamente del riesgo de hambruna y, recientemente, un grupo de militares impidió a cooperantes llegar a población civil necesitada en estado de Unidad.
El Foro de ONG, un consorcio que aúna a organizaciones locales y extranjeras, ha subrayado las "enormes implicaciones" de su actividad para la vida diaria de miles de civiles. Aunque no descartan "en principio" ser sometidas a una mayor regulación, abogan por una regulación "coherente".
El Foro teme que, con la nueva ley, se produzcan "efectos catastróficos para el gran número de sursudanesas que dependen de las ONG para recibir servicios básicos y ayuda vital". "Las ONG ya están bajo gran presión administrativa y, a menudo, sufren una aplicación arbitraria de las normas y la regulación", ha señalado en un comunicado.
El director de Oxfam en Sudán del Sur, Zlatko Gegic, también ha dicho estar "profundamente preocupado" ante la posibilidad de que ahora el trabajo sea "más difícil". Por este motivo, ha pedido en una nota "aclaraciones" al Gobierno para saber cuál será el "impacto" del nuevo marco regulatorio.
"La ayuda marca la diferencia cuando todavía hay más de seis millones de personas que necesitan asistencia humanitaria", ha añadido Gegic, quien ha aprovechado para reclamar a todas las partes que pongan fin a la violencia y "retiren todos los obstáculos" para el reparto de ayuda de forma segura y rápida.
La incertidumbre sigue siendo, por tanto, el sentimiento dominante entre los trabajadores que día a día intentan proporcionar a los habitantes del país más joven del mundo la ayuda que necesitan para seguir viviendo.
"Un Estado soberano tiene el deber y el derecho de redactar leyes, pero elige cómo aplicarlas y todavía tenemos que entender cómo aplicará la nueva normativa", ha reconocido un responsable de una agencia en Yuba en declaraciones a IRIN.
