PARIS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no es partidaria de la aplicación de sanciones a los denominados paraísos fiscales a pesar de que la cumbre del G20 celebrada el pasado 2 de abril en Londres menciona esta posibilidad.
"Francamente, creo que nuestro objetivo es que la palabra sanción se quede ahí y que nunca exista la tentación de usarla, porque ha habido progresos en lo sustancial y avances hacia una total transparencia e intercambio de información. Esa es la idea", explicó el secretario general del organismo, Angel Gurría, en una rueda de prensa en París junto al comisario de Fiscalidad, Laszlo Kovacs.
Así pues, tras recordar que la OCDE ni "establece" ni "define" las sanciones dejó claro que la expectativa del organismo es "animar" a las jurisdicciones a realizar "más progresos", tal y como se ha visto en las pasadas semanas, y por lo tanto, que la cuestión de las sanciones "ya no es relevante". Gurría confía, por tanto, que se ponga el acento en los "progresos" que se hagan.
Una idea que compartió el comisario Kovacs, al subrayar que lo que le preocupa a la CE son los "compromisos" y cómo se van a aplicar en la práctica. "Es mucho más importante la aplicación de los compromisos", subrayó Kovacs.
La OCDE, que publica regularmente sus informes sobre el grado de cumplimiento de la cooperación para el intercambio bilateral de información fiscal y de los estándares internacionales de transparencia, tiene previsto dar a conocer su próximo informe actualizado en verano, anunció Gurría.
De momento, y una vez elaborado el listado de países y jurisdicciones no cooperativas tal y como le pidió el G20 el pasado 2 de abril, la OCDE hace un seguimiento para comprobar si se cumplen los "criterios objetivos" para definir el grado de colaboración.
Por lo tanto, Gurría destacó que no hay "nada nuevo" en la tarea de la OCDE respecto a los paraísos fiscales más allá de una "diferente actitud" para decir, básicamente, que ahora "se acabó el tiempo de los paraísos fiscales". "Estas jurisdicciones tienen ahora que moverse", dijo.
SUIZA Y EL SECRETO BANCARIO.
Por otra parte, al ser preguntado si consideraba que el secreto bancario, como sigue afirmando el Gobierno suizo, Gurría evitó dar una respuesta clara argumentando que el intercambio de información "no significa que la jurisdicción que recibe la información la publique en el periódico" o la coloque en "las páginas amarillas".
De hecho, alegó que "hay una serie de razones" por las cuales un país puede negar información a otro si cree que quien solicita esta informiación "no mantendrá la confidencialidad", porque la violación de la confidencialidad está tipificada.
"El objetivo es el intercambio de información pero no es cuestión de divulgarla, si no la capacidad del país de hacer su trabajo, de lograr sus obligaciones, que es recibir el dinero de los impuestos", agregó Gurría.
Kovacs, por su parte, explicó que la interpretación que hace Bruselas del secreto bancario en la directiva de ahorro se basa en la asistencia mutua entre Estados miembros y que el secreto tiene que levantarse en caso de que se trate de información relativa a un residente de otro Estado miembro.
