MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha asegurado que, aunque el impacto fiscal de la llegada de cientos de miles de refugiados puede ser "relativamente alto" a corto plazo, a medio y largo plazo la integración en la sociedad y en el mercado laboral podría acarrear beneficios.
El gasto total de acogida para los refugiados oscila entre los 8.000 y los 12.000 euros durante el primer año, según la OCDE. Alemania, el principal país receptor de solicitantes de asilo, ha previsto una subida del gasto público del 0,5 por ciento del PIB para los años 2016 y 2017, una cifra que se eleva al 0,9 por ciento en el caso de Suecia.
Este desembolso, "relativamente alto" en el corto plazo, no es insalvable en opinión de la OCDE, que ha instado a los gobiernos europeos a mirar más allá para tratar de integrar a los miles de nuevos ciudadanos.
Los países europeos han adoptado en los últimos meses diversas medidas de emergencia que van desde la asistencia directa a los refugiados hasta el control de fronteras, pero el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, ha reclamado iniciativas "centradas en los desafíos a medio y largo plazo", lo que pasa, entre otros aspectos, por "fomentar la integración".
La OCDE prevé que las medidas fiscales adicionales deriven en un repunte de la demanda agregada en las economías europeas equivalente a entre una y dos décimas del PIB y ha apostado por aprovechar el capital humano a medida que se fomenta la integración y se avanza en la reagrupación familiar.
La organización ha apuntado que el impacto en el mercado laboral será "limitado", ya que en términos generales Europa tiene capacidad para "absorber" la crisis actual. A partir de una estimación que mantiene constante el nivel de inmigración de cara a 2016, la OCDE prevé que pueda haber 680.000 entradas adicionales al mercado laboral antes de finales del próximo año --un 0,3 del total--.
La OCDE, no obstante, no ha descartado complicaciones derivadas de la concentración de refugiados en países o zonas específicas o de la creación de un mercado "informal" en caso de que se rechace un gran número de solicitudes de asilo. También ha advertido del riesgo de prolongar demasiado la resolución de estas peticiones, hasta un año en algunos casos.
