NAIROBI, 14 Dic. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Sudán del Sur está subiendo las tasas para las organizaciones humanitarias y les está impidiendo llegar a las familias hambrientas, según han denunciado cinco ONG a Reuters, después de que este miércoles se hiciera un llamamiento por 1.720 millones de dólares para ayudar a 6 millones de personas en el país, inmerso desde hace cuatro años en una guerra civil.
Según las ONG, la burocracia, la violencia y las crecientes tasas gubernamentales están lastrando su trabajo, pese a la promesa del presidente, Salva Kiir, de permitir acceso sin restricciones después de que Estados Unidos amenazara con retirar su apoyo al Gobierno el pasado octubre. Todos los cooperantes han hablado bajo condición de anonimato por temor a ser expulsados del país.
El coordinador humanitario de la ONU en el país, Alain Noudehou, ha reconocido que la subida de las tasas es un motivo de preocupación, entre otras cosas porque hay que deducirlos "de los recursos que tenemos para afrontar la crisis".
Yuba anunció en marzo planes para cobrar a cada cooperante extranjero un permiso anual de 10.000 dólares, pero posteriormente abandonó la idea. No obstante, revisó al alza sus tasas el mes pasado, exigiendo a algunos expatriados que pagaran 4.000 dólares por permiso, 16 veces la tasa anterior. Al menos dos ONG han pagado, según han contado estas a Reuters.
El ministro de Asuntos Humanitarios, Hussein Mar Nyout, dijo el miércoles que había recibido muchas quejas por las nuevas tasas y las restricciones de viaje para algunos trabajadores humanitarios. "Esto no está en el espíritu del presidente y vamos a aplicar la orden del presidente", aseguró en respuesta a las preguntas durante una rueda de prensa.
Alrededor de un tercio de los 12 millones de habitantes de Sudán del Sur han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra hace justo cuatro años en 2013, dos años después de que el país obtuviera la independencia. Dos condados del país tuvieron que declarar la hambruna este año, si bien meses después se superó la situación.
CONFUSIÓN CON LOS PERMISOS
Según las ONG, la confusión sobre los permisos retrasa la ayuda. "Nadie entiende quién está dando las directivas y quién se supone que tiene que aplicarlas", ha señalado el responsable de una ONG en Sudán del Sur, precisando que el material tecnológico de su organización está retenido en la aduana, pese la exención fiscal para los grupos humanitarios.
La semana pasada, un equipo de médicos dijo que les habían denegado el permiso de viajar fuera de la capital porque no habían recibido permisos de trabajo por los que habían pagado.
Otra organización humanitaria dijo que no podía llevar a personal médico extranjero para completar un proyecto aprobado por el Gobierno porque las autoridades habían dicho que incluso un consultor que visitara el país durante una semana tenía que pagar 4.000 dólares por un permiso que lleva meses obtener.
"La primera cuestión es la absurdez inherente y lo inaplicable de las reglas", ha destacado un trabajador de esta ONG. "Lo segundo es que las leyes están siendo probadas de forma inconsistente por cuatro agencias gubernamentales que están enfrentadas", ha añadido.
Sudán del Sur expulsó el año pasado al director en el país del Consejo Noruego para los Refugiados, mientras que al menos 28 trabajadores humanitarios han sido asesinados este año, incluidos nueve de ellos en noviembre, según datos de la ONU.
El personal de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) está exento del requisito del permiso de trabajo, pero el Gobierno ha obligado a algunos contratistas a pagar, en violación de un acuerdo con Naciones Unidas, ha indicado una portavoz de la misión. Yuba no está cumpliendo tampoco un tratado similar que exime a las agencias humanitarias que reciben fondos estadounidenses, según un diplomático occidental.
