MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las restricciones impuestas por las autoridades de Birmania a la ayuda para decenas de miles de civiles desplazados en el estado de Kachin equivalen a un crimen de guerra, según un informe de la ONG Fortify Rights que responsabiliza principalmente al Ejército pero también al Gobierno que lidera 'de facto' Aung San Suu Kyi.
La guerra que libran desde hace más de siete años las fuerzas birmanas con el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) ha provocado graves carencias entre la población local. Se calcula que hay más de 100.000 desplazados viviendo en los más de 140 enclaves habilitados en los estados de Kachin y Shan.
"Los sucesivos gobiernos y el Ejército han obstruido de forma intencionada a las organizaciones locales e internacionales, lo que ha negado a los civiles de Kachin el acceso a la ayuda", ha lamentado el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, cuya ONG ha publicado un informe a partir de 195 entrevistas realizadas de 2013 a 2018.
En este sentido, la organización considera que durante años este control de la ayuda ha terminado convertido en un arma de guerra al servicio de las autoridades, que entre junio de 2017 y junio de 2018 solo aprobaron el 5 por ciento de las 562 peticiones remitidas por los grupos internacionales para viajar a las zonas controladas por el Gobierno. El dato es "incluso menor" cuando se trata de áreas bajo mando del KIA.
El informe también constata que China ha instado a Birmania y a los grupos armados a no permitir que ninguna organización internacional opere cerca de la frontera.
LLAMAMIENTO INTERNACIONAL
"Bloquean todo", ha lamentado Zau Raw, un hombre de 60 años desplazado en un territorio de la insurgencia. "Todos los camiones que intentan cruzar a las zonas controladas por el KIA están bloqueados", ha afirmado, en alusión a las restricciones impuestas por las Fuerzas Armadas.
Fortify Rights ha advertido de que, sin ayuda, los civiles pueden verse abocados a emprender "peligrosos viajes" fuera de los campos de desplazados, arriesgándose a verse de nuevo inmersos en el conflicto armado o a sufrir la explosión de una mina.
El riesgo también se extiende entre las organizaciones que intentan sortear los obstáculos para llevar la ayuda y que se arriesgan tanto a nivel de seguridad como en términos legales. En este sentido, las autoridades birmanas han acusado a la ONG Kachin Baptist Convention, activa en áreas controladas por el KIA, de delitos susceptibles de ser castigados hasta con tres años de cárcel.
El responsable de Fortify Rights ha subrayado que "privar a los civiles de ayuda para tratar de vencer a un grupo armado étnico es una estrategia perversa, ilegal e ineficaz" y ha recordado que todas las partes deben respetar tanto los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario.
La ONG ha señalado que algunos altos cargos pueden haber cometido crímenes de guerra, por lo que ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir el caso al Tribunal Penal Internacional para que investigue y depure responsabilidades. Smith ha exhortado a la comunidad internacional a "redoblar sus esfuerzos en favor de los defensores de los Derechos Humanos en Birmania y a romper el ciclo de impunidad".
Una misión de investigación de la ONU también había recomendado esta semana el procesamiento de altos cargos, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas, por los abusos documentados en los estados de Kachin y Shan, así como en la región de Rajine.
