Publicado 17/12/2021 15:09CET

La ONU alerta del impacto "cada vez más dramático" de la guerra sobre las necesidades humanitarias en Etiopía

Archivo - Mujer de la región de Tigray, en Etiopía
Archivo - Mujer de la región de Tigray, en Etiopía - JEMAL COUNTESS/GETTY IMAGES) - Archivo

Denuncia el arresto de miles de personas, en su mayoría tigrayanos, desde la declaración del estado de emergencia

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado este viernes del impacto "cada vez más dramático" del conflicto y el estado de emergencia decretado en Etiopía sobre las necesidades humanitarias y ha recordado que todas las partes implicadas han sido acusadas de cometer violaciones y abusos de los Derechos Humanos.

"El conflicto en la región de Tigray se ha extendido durante los últimos meses a otras áreas del país. Ahora implica a un rango aún más amplio de actores, con un impacto grave sobre los civiles", ha dicho la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al Nashif.

Al Nashif ha indicado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el conflicto ha continuado, con los combates yendo más allá de las fronteras de Tigray". "Nuestra oficina sigue recibiendo informes creíbles sobre graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos por parte de todas las partes", ha destacado Al Nashif.

De esta forma, ha resaltado que el impacto del conflicto es "cada vez más dramático" y ha detallado que la inseguridad alimentaria aguda afecta a más de 9,4 millones de personas en el norte de Etiopía, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"En Tigray hay 5,2 millones de personas, cerca del 90 por ciento de la población, en situación de necesidad. Sólo han podido entrar en Tigray desde julio suministros humanitarios limitados organizados por la ONU, incluidos alimentos y suministros médicos vitales", ha explicado.

"La OCHA estimó en junio que al menos 400.000 personas vivían en condiciones similares a la hambruna. Dada la dificultad al acceso no se han publicado cálculos recientes, pero la situación ahora es probablemente aún peor", ha advertido.

Así, ha argumentado que "la falta de acceso se ha visto golpeada por el acoso a los trabajadores humanitarios, incluidos trabajadores de ONG, acompañada de una retórica generalizada contra los humanitarios", al tiempo que ha subrayado que "los taques contra las instalaciones médicas y otras estructuras esenciales son extremadamente preocupantes".

Al Nashif ha apuntado que al menos dos millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en las regiones de Tigray, Amhara y Afar a causa de los combates, mientras que "existen preocupaciones sobre posibles presiones a los desplazados internos para que se reubiquen en zonas que podrían no ser seguras".

"También me preocupa la situación de los refugiados eritreos en Etiopía, muchos de los cuales muestran temor ante una venganza por parte de las fuerzas eritreas que operan en el país", ha dicho, antes de incidir en que 50.000 etíopes han huido a Sudán, principalmente entre noviembre y diciembre de 2020.

IMPACTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Por otra parte, Al Nashif ha indicado que el estado de emergencia decretado el 2 de noviembre ante los avances del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) hacia la capital ha provocado "preocupaciones significativas a gran escala sobre los Derechos Humanos".

Así, ha criticado que su redacción "excesivamente amplia" ha llevado a "arrestos en masa y la detención de miles de etíopes, incluido personal de Naciones Unidas y, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos catorce periodistas". "La mayoría de los arrestados son tigrayanos", ha dicho.

"Estos arrestos han continuado durante los recientes días", ha señalado, antes de citar la detención de cerca de 1.500 personas tigriña y gumuz entre el 8 y el 9 de diciembre en la localidad de Asosa, situada en la región de Benishangul-Gumuz (oeste).

"Si bien algunos de los arrestados durante las últimas seis semanas han sido liberados, calculamos que entre 5.000 y 7.000 siguen detenidos, incluidos nueve trabajadores de la ONU", ha relatado, al tiempo que ha incidido en que "muchos se encuentran detenidos en aislamiento en ubicaciones desconocidas".

Al Nashif ha explicado que "esto equivale a desapariciones forzosas y es un asunto de gran preocupación" y ha añadido que "según los informes, muchos han sido sometidos a tratamientos inhumanos y degradantes" durante su detención sin cargos y sin acceso a abogados.

Asimismo, ha criticado "el creciente discurso del odio e incitación a la violencia por parte de las autoridades federales y regionales, así como de otras figuras públicas, centradas particularmente contra tigrayanos y miembros de la comunidad oromo", y ha argüido que "intensifican un clima de miedo".

"El riesgo de aumentar el odio, la violencia y la discriminación es muy alto y podría derivar en violencia generalizada. Esto podría tener grandes implicaciones no sólo para millones de personas en Etiopía, sino en toda la región", ha manifestado.

Así, ha resaltado que una investigación publicada el 3 de noviembre recoge que "algunos de los incidentes investigados podrían equivaler a crímenes internacionales, incluidos crímenes de guerra y contra la humanidad" y ha dicho que "en ausencia de esfuerzos significativos para la rendición de cuentas, un mecanismo internacional podría ser un complemento importante".

"Si bien el Gobierno de Etiopía ha expresado algunas reservas sobre las conclusiones, se ha comprometido a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales", ha destacado, antes de lamentar que el TPLF y Eritrea hayan "rechazado de plano" el informe, realizado en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía. En este sentido, ha destacado que Adís Abeba haya creado un comité interministerial para abordar las denuncias.

MEDIDAS "INMEDIATAS" PARA PONER FIN AL CONFLICTO

Por ello, ha pedido a todas las partes que "adopten medidas inmediatas para poner fin al conflicto, proteger a los civiles y poner fin a las continuadas violaciones y abusos de los Derechos Humanos cometidas contra el pueblo de Etiopía".

"Los trabajadores humanitarios deben recibir permiso para un paso rápido, seguro y sin restricciones para ayudar a todos los civiles en situación de necesidad en Tigray y otras zonas afectadas por el conflicto", ha dicho, antes de agregar que "toda forma de acoso contra los trabajadores humanitarios debe ser condenada".

Al Nashif ha reclamado además a las partes que hagan una valoración "urgente" del "daño inmediato y a largo plazo que está siendo causado a una nación que está orgullosa, con razón, de su lugar único en la historia". "Pido a todas las partes que se alejen de la postura de guerra y que pongan fin a las hostilidades sin condiciones previas, en nombre de las vidas y los Derechos Humanos del pueblo etíope", ha reiterado.

Por último, ha pedido a las partes "un diálogo significativo e inclusivo" a través de la Comisión Nacional de Diálogo, que aún debe crearse, y en los esfuerzos mediados por la Unión Africana (UA), al tiempo que ha reclamado al Gobierno que garantice que las medidas aplicadas durante el estado de emergencia se aplican a sus compromisos con los Derechos Humanos.

El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en Mekelle tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas --entre ellas Tigray-- por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.

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