CIUDAD DE MÉXICO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Relatores de Naciones Unidas han defendido este miércoles el trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) en Iguala, ante los planes del Gobierno mexicano de apartarles del caso.
Los relatores han lamentado la campaña lanzada para desacreditar a los expertos regionales y ha instado al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto a respaldar la labor de las organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos, según informa 'Milenio'.
"Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los Derechos Humanos y de las víctimas no son solo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el Estado de Derecho", ha dicho Michel Forst, relator para los Derechos Humanos.
Forst ha reivindicado que "el trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos Humanos y la sociedad civil en México ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la Justicia, y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones que en gran parte permanecen en la impunidad".
Por ello, "cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso," ha esgrimido David Kaye, relator sobre libertad de opinión y de expresión.
"El Gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso", ha reclamado el relator sobre la libertad de reunión y asociación, Maina Kiai.
En la misma línea se ha expresado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González Pérez. "Es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos sea la ciencia la que guíe la investigación", ha considerado.
Por su parte, las familias de los 43 jóvenes desaparecidos han decidido "sacar la protesta a la calle" hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) corrija su negativa a que los expertos de la CIDH participen en las pesquisas más allá del 30 de abril.
La aportación de la CIDH ha sido crucial en el esclarecimiento del caso Iguala porque ha desmontado algunos de los aspectos clave para fundamentar la hipótesis de la PGR, obligando a mantener abiertas las indagaciones.
CASO IGUALA
Los 'normalistas' llegaron al municipio de Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza estudiantil, la de Tlatelolco.
Según la versión oficial, ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de la vecina Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron al grupo de sicarios de Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Queda ahora el análisis de las cenizas, ya que el de los cadáveres de la treintena de fosas comunes halladas en Iguala y municipios cercanos ha revelado que no son los jóvenes.
