MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una campaña de ataques aéreos llevada a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses el 9 de mayo en la provincia de Fará, en el oeste de Afganistán, contra laboratorios de droga acabó con la vida de al menos 30 civiles, según un informe elaborado por un equipo de investigadores de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y hecho público este miércoles.
El informe, centrado en analizar el impacto en la población civil de la ofensiva aérea de la aviación estadounidense denuncia que la campaña de ataques aéreos contra instalaciones de procesamiento de droga en la provincia de Fará el 5 de mayo causó un elevado número de víctimas civiles, entre muertos y heridos.
Además, pone en entredicho la "legalidad" de la ofensiva aérea lanzada por las Fuerzas Armadas estadounidenses por considerar que los laboratorios de droga con trabajadores civiles no deben ser objetivo de ataques aéreos.
El documento es el resultado de las indagaciones realizadas en junio por un equipo de investigadores de la UNAMA y de representantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán en las zonas que fueron bombardeadas por las aeronaves militares norteamericanas.
"La ONU ha verificado 39 víctimas civiles, incluidos catorce niños y una mujer, por múltiples ataques aéreos contra 60 emplazamientos que las Fuerzas de Estados Unidos en Afganistán (USFOR-A) identificaron como instalaciones de producción de drogas en el distrito de Bakwa y en otras zonas del vecino distrito de Delaram, en la provincia de Nimroz", ha explicado la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán. De las 39 víctimas civiles, 30 son muertos confirmados, cinco son heridos y otras cuatro víctimas no se ha podido esclarecer si murieron o resultaron heridas.
La UNAMA ha contado que está trabajando para "verificar" informaciones creíbles que apuntan a que hubo "al menos 37 bajas civiles más", "la mayoría de ellas mujeres y niños". En este sentido, ha señalado que es la primera ocasión en que recibe información sobre un alto número de bajas civiles por ataques aéreos contra instalaciones de drogas en Afganistán.
Tras señalar que las fuerzas estadounidenses concluyeron que no habían provocado bajas civiles con los ataques aéreos, la UNAMA ha censurado que Estados Unidos considere que las instalaciones de producción de droga son objetivos militares legítimos y ha señalado que, "de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario", no debería ser así.
"De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, incluido el derecho internacional consuetudinario, las instalaciones que contribuyen en términos económicos o financieros a los esfuerzos de guerra de una parte de un conflicto son considerados objetivos civiles", ha señalado.
El informe de la UNAMA y de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluye, por tanto, que las instalaciones de producción de droga y los trabajadores relacionados "no pueden ser legalmente convertidos en objetivos de ataques y deberían ser protegidos".
"Naciones Unidas mantiene que considerar a estas instalaciones e individuos objetivos legítimos erosiona peligrosamente los principios fundamentales de distinción, poniendo a la población civil y las infraestructuras en riesgo", ha advertido la misión de la ONU.
El informe envía una serie de recomendaciones a Estados Unidos para que responda "de forma apropiada y legal" a las actividades ilícitas con drogas, mediante operaciones de las fuerzas de seguridad y no con ofensivas militar que "ponen en riesgo a civiles".
