MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido este viernes a Hungría que "revise" el paquete legislativo enviado por el Gobierno al Parlamento sobre las ONG dedicadas a temas de inmigración y asilo por considerar que coartará notablemente su actuación con el consecuencia perjuicio para las personas que ayudan.
La legislación se dirige a "las organizaciones que apoyan la inmigración", que, bajo la nueva norma, deberán recibir una autorización del Ministerio de Interior para trabajar y proporcionar información sobre sus fuentes de financiación. Además, crea un impuesto del 25 por ciento sobre estos fondos.
La ONU ha llamado la atención sobre el hecho de que el borrador propone "órdenes restrictivas según las cuales las personas que "apoyen la entrada ilegal y la residencia de nacionales de un tercer país en Hungría" tendrán que mantenerse a una distancia de ocho kilómetros de las fronteras.
"Por tanto, (la ley) parece estar dirigida a reforzar aún más el control que ejerce el Gobierno sobre los grupos de la sociedad civil que trabajan en temas que las autoridades ven como una amenaza para los intereses del Estado, como la inmigración y el asilo", ha dicho el portavoz de la ONU, Rupert Colville, en una rueda de prensa.
Colville ha reconocido el derecho soberano de Hungría a controlar sus fronteras, si bien ha considerado que en este caso se trata de "restricciones injustificadas a la libertad de movimiento y al derecho a la asociación como una preocupante continuación del asalto del Gobierno a los Derechos Humanos y el espacio cívico".
"La legislación propuesta no solo amenaza el trabajo de la sociedad civil del país, sino que también tendrá un grave efecto en los derechos de quienes confían en los servicios de las ONG, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, en la medida en que la asistencia del Gobierno ha mermado".
Así, ha instado al Gobierno a "revisar las leyes propuestas para garantizar plenamente la libertad de asociación" y ha recordado en este sentido que Hungría es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege dicha libertad.
El Ejecutivo se Viktor Orban ha sido uno de los más combativos con las cuotas de reubicación de refugiados fijadas por la UE. El primer ministro húngaro ha aducido que la llegada masiva de refugiados e inmigrantes procedentes de Oriente Próximo podría afectar a la identidad nacional.
