Las FARC proponen "repensar" el mecanismo de selección de los miembros de las otras instituciones creadas en los acuerdos de paz
BOGOTÁ, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, ha asegurado este viernes que, con Naciones Unidas y el Papa Francisco como encargados de designar a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se garantiza que "habrá justicia para las víctimas" de la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Gobierno y FARC han acordado crear un "comité de escogencia" formado por distintas instituciones y personas para que cada una de ellas, "si decidiera aceptar" el encargo, elija a un juez para incorporarse a la justicia transicional.
Han propuesto para este "comité de escogencia" al Papa Francisco; al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon; a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; a la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); y a la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
"Si están el Santo Padre y el secretario general de Naciones Unidas, podemos decir que habrá justicia para las víctimas", ha afirmado en una breve declaración ofrecida desde La Habana, sede de las negociaciones de paz, tras publicarse el contenido de este acuerdo.
De la Calle ha destacado que las partes han cumplido su promesa de que la designación de los jueces de la JEP, uno de los temas más espinosos que quedaban pendientes, "se haría de manera totalmente independiente y confiable".
En la misma línea se han expresado las FARC, recordando que "habían convenido en que los magistrados de la nueva jurisdicción no podían ser escogidos por las partes y que había que definir un mecanismo que garantizara la independencia de sus organismos, dejando atrás así los oscuros tiempos en los que la justicia en Colombia aparecía como herramienta y apéndice de los intereses".
"Sin duda, avanzamos en la dirección correcta, ratificando que no hemos venido a La Habana a intercambiar impunidades, sino a satisfacer los derechos de las víctimas, que es un propósito central de los acuerdos de paz", ha recalcado la guerrilla.
Las FARC han aprovechado la ocasión para proponer al Gobierno "dar un paso más allá, repensando anteriores fórmulas de escogencia de los integrantes de las instituciones construidas en este proceso de paz, con el fin de no dejar un solo cabo suelto que permita que los acuerdos sean atacados por sus enemigos".
"Creemos que es imprescindible garantizar la mayor transparencia posible en la elección de los miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, del director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y en cualquier otra elección derivada de los acuerdos alcanzados hasta ahora", han explicado.
Además, han ratificado su voluntad de "avanzar en la construcción del acuerdo final" y para ello han exigido "que cesen ya las obstrucciones propias de un estilo de negociación caprichoso, que todo lo dilata, y que pareciera solo actúa para evitar las reacciones adversas de una oposición minoritaria y guerrerista que ya tiene hasta la coronilla al país".
JUSTICIA TRANSICIONAL
La JEP es un sistema de justicia transicional para los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado por cualquiera de sus actores, ya sean guerrilleros o agentes del Estado.
Prevé un marco penal que va desde los cinco hasta los 20 años de cárcel con una gradación que depende de la verdad que aporten los acusados y de en qué momento del proceso lo hagan, así como sanciones alternativas que implican "restricciones" de derechos y libertades.
La justicia transicional es solo uno de los cuatro ejes que forman el acuerdo sobre víctimas. Las partes han diseñado un sistema que contempla una comisión de la verdad, así como medidas de reparación y para garantizar la no repetición.
Gobierno y FARC se encuentran ya en la recta final del proceso de paz tras casi cuatro años de diálogo en La Habana en los que han conseguido llegar a acuerdos sobre desarrollo agrario y rural, participación política, drogas y víctimas.
Aún quedan por cerrar los acuerdos relativos al fin del conflicto --aunque han alcanzado un pacto sobre el cese de las hostilidades bilateral y definitivo y el desarme-- y a la ratificación, implementación y verificación de lo pactado.
