GINEBRA, 16 Sep. (Reuters/EP) -
Las fuerzas gubernamentales de Sri Lanka y los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) "muy probablemente" han cometido crímenes de guerra en incluido asesinatos masivos de civiles durante el conflicto que les enfrentó y que deberían ser juzgados en un tribunal especial con jueces internacionales, ha reclamado este miércoles la ONU.
Pese a las promesas por parte del nuevo gobierno del presidente Maithripala Sirisena de depurar responsabilidades en el país, el sistema de justicia penal no es apto para realizar la enorme tarea por sí solo, afirma en su informe la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El informe pide a Colombo que aparte del cargo a efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad y a otros cargos "que se cree que hay motivos razonables para creer que están implicados en violaciones de Derechos Humanos" durante los 26 años que duró el conflicto que acabó en 2009. El informe no identifica ningún sospechoso, argumentando que hubo "una investigación sobre Derechos Humanos, no una investigación penal".
"Este informe está siendo presentado en un nuevo contexto político en Sri Lanka, que ofrece motivos de esperanza", ha afirmado en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein. "Es crucial no dejar pasar esta oportunidad histórica para un verdadero cambio fundamental", ha sostenido.
El Gobierno de Sri Lanka dijo el lunes que va a establecer una comisión de la verdad y la reconciliación al estilo de Sudáfrica para investigar las atrocidades pero ha ofrecido pocos detalles.
El informe de la ONU, aplazado en marzo para dar al nuevo Gobierno tiempo para hacer frente a las preocupaciones en este ámbito, ha encontrado "patrones de graves violaciones" ente 2002 y 2011.
TRIBUNAL ESPECIAL
En él se afirma que Sri Lanka debería establecer un "tribunal especial híbrido que integre a jueces internacionales, fiscales, abogados e investigadores" para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad presuntamente cometidos por ambos bandos.
También hacen falta medidas más amplias en la isla, incluidas reparaciones a víctimas y "reformas fundamentales del sector de seguridad y el sistema judicial", indica el informe.
"Acabar con la impunidad de la que gozaron las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares asociados, así como hacer rendir cuentas a los miembros supervivientes del LTTE, requerirá voluntad política y esfuerzos concertados", señala el documento de dos partes de casi 300 páginas.
ASESINATOS ILEGALES
Las fuerzas de seguridad gubernamentales están implicadas en "asesinatos ilegales perpetrados de forma generalizada contra civiles" incluidos políticos de la minoría tamil, cooperantes y periodistas. Según el informe, presuntamente ejecutaron a dirigentes del LTTE el 18 de mayo de 2009, "algunos de los cuales se sabe que se habían rendido".
El informe señala que las fuerzas de seguridad usaron torturas brutales, incluida la violación, especialmente cuando antiguos miembros del LTTE y civiles fueron detenidos tras el fin de los combates. "Ni un solo responsable de violencia sexual relacionada con el conflicto armado ha sido condenado hasta ahora, que se sepa", subraya.
Muchos ataques en la última fase de la guerra, cuando el Ejército ceilandés rodeó al LTTE en una franja de 300 kilómetros cuadrados de jungla en el noreste donde 250.000 personas estaban atrapadas, parecen haber violado el Derecho Internacional, especialmente "bombardeos repetidos por parte de las fuerzas gubernamentales de hospitales e instalaciones humanitarias en las densamente pobladas 'zonas de no combate'", denuncia el texto. Estas zonas, declaradas por el Gobierno, estaban en áreas controladas por el LTTE.
"Los testigos dieron descripciones desgarradoras de la carnicería, el baño de sangre y el trauma psicológico de los bombardeos en los que familias completas murieron", subraya. "El LTTE causó más angustia al forzar a adultos y niños a unirse a sus filas y luchar en el frente", añade.
El LTTE asesinó a cargos públicos y a políticos tamiles disidentes y mató a civiles en atentados suicidas y ataques con minas, según el informe, que añade que además hicieron un uso extensivo de niños soldados, lo que constituye un crimen de guerra.
Según el informe de un panel de la ONU en 2011, hasta 40.000 tamiles murieron en la ofensiva final ordenada por el entonces presidente Mahinda Rajapaksa, que aplastó la insurgencia. El último informe afirma que es "probable que decenas de miles de personas perdieran sus vidas" en la fase final.
"Los niveles de desconfianza en las autoridades del Estado y las instituciones por amplios segmentos de la sociedad ceilandesa no deberían ser subestimados", ha sostenido Zeid.
