PARIS 7 Feb. (Del corresponsal de EUROPA PRESS, Javier Gómez Muñoz) - El diario francés 'Le Figaro' desvela en su edición de hoy que responsables de la Autoridad Palestina "se aprovecharon del dinero aportado por la comunidad internacional para financiar el tráfico de armas" a través de gabinetes de estudios instalados en Chipre que servían como tapadera para recibir comisiones ilegales. El diario aporta un documento en el que una de estas falsas oficinas de estudios exige a una sociedad europea el pago de 96.976 euros como honorarios por su asesoramiento. En realidad, según "Le Figaro", se trata de trabajos inexistentes y la factura refleja las comisiones que debió pagar esta empresa por haber conseguido un contrato para implantar canalizaciones de agua en Cisjordania por valor de tres millones de euros. "Un industrial francés que ha trabajado durante años en Palestina" y cuyo nombre no desvela el periódico es quien denuncia el cobro sistemático de comisiones ilegales a los empresarios por parte del Gobierno palestino. El movimiento islamista Hamás, que ganó las recientes elecciones, acusó durante toda su campaña al partido Al Fatah, antes en el Gobierno, de corrupción. El pasado domindo, la justicia palestina anunció que cantidades enormes de fondos, al menos 700 millones de dólares, habían desaparecido de los fondos de la Autoridad Palestina.
El reportaje describe dos tipos de corrupción: la directa y la indirecta. En el primer de los casos, según el denunciante, los responsables palestinos exigían el pago de una comisión por adjudicar una licitación pública. 'Le Figaro' menciona el caso concreto de un contrato por valor de cinco millones de euros, financiado por el Banco Mundial, para la gestión del agua en la región de Belén. "Gente cercana al ministro iba a ver a las empresas y les pedía el 10% del contrato", explica el denunciante. El pago se hacía a través de las sociedades de estudios falsas implantadas en Chipre. La corrupción indirecta se llevaba a cabo mediante sociedades palestinas, por parte de una sociedad occidental financiada internacionalmente para llevar a cabo unas obras. La empresa palestina sobrefacturaba sus trabajos, y la diferencia entre el coste real y el facturado se repartía entre la empresa adjudicataria y la que realizaba las obras. El industrial francés acusa a la comunidad internacional de "hipocresía" por "cerrar los ojos" ante una realidad conocida. Según "Le Figaro", que menciona fuentes de la inteligencia europea, el dinero iba a parar "a los bolsillos de los dirigentes" palestinos y también al tráfico ilegal de armas.