MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Siete de cada diez ciudadanos de los países del G7 defienden la exención de patentes de las vacunas contra el coronavirus y creen que los Gobiernos deberían obligar a las grandes farmacéuticas a compartir el conocimiento y la tecnología de los inmunizadores, aseguran Amnistía Internacional y Alianza Vacuna para el Pueblo.
Estas son cifras que se desprenden de una nueva encuesta de esta organización, que precisa que los ciudadanos consideran que habría que compensar de forma justa a las empresas farmacéuticas por el desarrollo de vacunas, aunque "debe evitarse que mantengan el monopolio sobre ellas".
No obstante, a pesar del amplio apoyo ciudadano, los Gobiernos de estos países siguen oponiéndose a una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, por lo que la Alianza Vacuna para el Pueblo --una alianza de organizaciones y líderes-- insta a los dirigentes del G7 a apoyar esta iniciativa en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores y Desarrollo que se celebrará este miércoles en Londres.
El mayor apoyo a la intervención del Gobierno en este sentido se ha registrado en Italia, donde el 82 por ciento de las personas encuestadas se han declarado a favor, mientras le sigue Canadá, con un 76 por ciento. Una cifra que se sitúa en el 74 por ciento en Reino Unido, donde el primer ministro, Boris Johnson, "ha atribuido el éxito de la vacunación a la 'avaricia' y el 'capitalismo'".
En cuanto a Estados Unidos, el 69 por ciento de las personas estarían a favor de la intervención de las autoridades en la exención de patentes, en Japón sería un 58 por ciento de la ciudadanía, mientras que en la Unión Europea también sería esta la opinión mayoritaria.
A pesar de que más de 100 países, liderados por India y Sudáfrica, han impulsado una iniciativa para la liberación de patentes, países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la UE la han bloqueado.
En este sentido, la directora general de campañas y políticas de Global Justice Now, Heidi Chow, remarca que "la ciudadanía no quiere que las grandes empresas farmacéuticas tengan el monopolio de unas vacunas que se desarrollaron en gran medida gracias a fondos públicos", ya que se tratan de "un bien público global que debería estar a disposición de todas las personas, en todo el mundo".
"Seguir bloqueando la puesta en común de tecnologías que salvan vidas sería un enorme fallo de liderazgo, y sólo serviría para prolongar el inmenso dolor y sufrimiento provocados por esta pandemia", añade el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.
