Las otras 11.000 víctimas del conflicto de Colombia

Actualizado 21/02/2015 8:59:55 CET
Un policía colombiano busca explosivos abandonados en Colombia
CARLOS DURAN / REUTERS

Cruz Roja Española ayuda a víctimas de explosiones y forma a comunidades en prevención de riesgos

MADRID, 21 Feb. (EDIZIONES) -

El medio siglo de conflicto armado en Colombia ha dejado al país plagado de artefactos explosivos que no desaparecerán aunque el Gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas firmen la paz. Más de 11.000 víctimas con nombre y apellidos dan cuenta de los efectos de una amenaza que lastrará al país durante décadas.

Desde 1990 hasta diciembre de 2014, 11.006 personas han sufrido la explosión de minas antipersona u otros artefactos abandonados, según los datos oficiales de la Dirección contra Minas que, bajo la dirección del Ejecutivo, aspira a crear toda una red de prevención y atención a las víctimas.

Del total de víctimas, 2.205 perdieron la vida, entre ellos 182 miembrosde las fuerzas de seguridad y 44 niños. Las cifras continúan aumentando y, en el mes de enero, las autoridades confirmaron 33 víctimas por la explosión de minas atribuidas, en su mayoría, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estas víctimas suman por tanto nuevos daños personales a un conflicto entre el Gobierno y las guerrillas que ha causado más de 200.000 muertos en el último medio siglo y que amenaza con dejar un goteo incesante de daños personales durante las próximas décadas.

Cruz Roja Española lleva a cabo desde 2011, con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el programa de Reducción del Impacto Humanitario por Contaminación por Armas en Víctimas Civiles, que se integra dentro de los esfuerzos que Cruz Roja colombiana emprendió en 1998.

Una de las responsables de este programa, Silvia Crespo, ha explicado a Europa Press cómo llevan a cabo labores de difusión de la normativa nacional e internacional sobre contaminación por armas, educan para la reducción de riesgos y asisten a las víctimas civiles de estos artefactos.

DESCONOCIMIENTO

En este sentido, ha reconocido que "hay mucho desconocimiento" incluso de los derechos que tienen las víctimas, no sólo por parte de la ciudadanía sino también de las autoridades, especialmente en "zonas rurales". En poblaciones pequeñas, ha advertido, desconocen que existe una 'ruta de atención' a víctimas.

Esta ruta comienza por el "reconocimiento" y denuncia de la propia persona afectada. Una vez expuesto el caso, autoridades locales y personal de Cruz Roja acompañan a esta persona a nivel médico y tratan de garantizarle educación, atención sanitaria o vivienda, tanto para las víctimas directas como para sus familias.

Crespo ha destacado que el apoyo psicológico es un elemento "clave" en este contexto de asistencia, toda vez que las heridas físicas conllevan otros daños invisibles que marcan la vida de una víctima. La amputación figura entre las principales consecuencias sufridas por quienes logran sobrevivir a las explosiones.

Asimismo, una vez que la víctima esté "rehabilitada física y psicológicamente", también "necesita un empleo", un enfoque aún por desarrollar, como ha admitido Crespo.

No en vano, la mayoría de quienes han sufrido estas explosiones son hombres que, en un gran número de casos, representan la única fuente de ingresos para sus familias. La Dirección de Minas incluye en su balance de víctimas a más de 6.700 miembros de las fuerzas de seguridad y a más de 2.700 hombres civiles.

CONSEJOS

Cruz Roja Española ha atendido desde 2011 a más de 600 víctimas directas y ha llegado, con acciones de sensibilización, a más de 11.000 personas. La organización, que dispone de financiación para el programa hasta junio de 2015, trabaja en seis departamentos: Antioquia --el más afectado por contaminación por armas--, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar.

La ONG transmite a niños y adultos todo tipo de consejos que tienen, entre sus elementos clave, la prevención de riesgos. Así, cuentan a los niños cómo las minas antipersona en ocasiones están "disfrazadas" incluso con "formas de juguete" y se les enseñan muestras del aspecto que pueden tener.

En caso de que se encuentren con estos artefactos, Cruz Roja Española aconseja a los menores "no acercarse ni lanzar ningún objeto y avisar a un adulto".

Los trabajadores de la organización también recomiendan a la población residente en zonas rurales que "no coja atajos" y que opte por las vías convencionales, teóricamente más limpias de lo que podría estar un camino a través de áreas boscosas.

El 5 de febrero, una niña de 11 años murió por la explosión de una mina en Nariño, en el municipio de Tumaco, después de que se saliese de la zona más transitada. El padre de la menor contó a las autoridades que su hija "se desvió del camino" y, tras una explosión, quedó "malherida" en el suelo.

Al igual que Cruz, Roja, el Gobierno de Colombia también concede relevancia a estas tareas de educación y cita en su informe de "logros" de 2014 que casi 20.000 personas aprendieron a "gestionar el riesgo" a través de los programas de "competencias de autocuidado y comportamientos seguros". Este balance incluye a unos 3.700 líderes de pueblos indígenas y representantes de consejos comunitarios afrodescendientes.

CON PAZ O SIN ELLA

El país asiste expectante a la evolución del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, iniciado en La Habana en noviembre de 2012. Crespo ha admitido que existe "bastante optimismo" al respecto, pero ha advertido de que los retos seguirían más allá.

En este sentido, ha subrayado que, con paz o sin ella, "las minas están ahí". Sólo cuatro municipios se han declarado libres de minas, dos de ellos --Zambrano, en Bolívar, y San Francisco, en Antioquia-- en el año 2014, considerado "histórico" por el Gobierno colombiano.

El año pasado, gracias al 'desminado humanitario', Colombia logró que más de medio millón de metros cuadrados quedaran "despejados" y se destruyeron 229 artefactos. El país, sin embargo, mira al futuro con cautela. Calcula que podría tardar 90 años en eliminar minas antipersona, municiones sin estallar, restos de explosivos de guerra y otros artefactos explosivos improvisados.

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