Parlamentarios asiáticos piden que se pare la repatriación de rohingyas por falta de seguridad

KUALA LUMPUR, 2 Nov. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Parlamentarios de países integrados en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) han hecho un llamamiento para que se suspenda el plan de repatriación a Birmania de cientos de miles de rohingyas que llevan meses asentados en Bangladesh por considerar que no hay garantías de seguridad para el retorno de estos desplazados.

Más de 700.000 rohingyas huyeron del estado birmano de Rajine para refugiarse en Bangladesh en los cuatro meses de campaña de represión llevada a cabo por las Fuerzas Armadas birmanas en represalia por una serie de ataques de milicianos rohingyas contra las fuerzas de seguridad en agosto de 2017.

La campaña militar ha sido denunciada por Naciones Unidas como una "limpieza étnica de manual" pero las autoridades de Birmania han defendido la actuación de los militares y han negado haber cometido abusos o violaciones de los Derechos Humanos.

Los Gobiernos de Bangladesh y Birmania alcanzaron un acuerdo hace un año para comenzar la repatriación de los refugiados rohingyas pero el proceso se ha ido retrasando reiteradamente. Altos cargos de ambos países se han reunido esta semana y han acordado que el proceso comenzará a mediados de noviembre.

"Este un plan pésimamente pensado", ha dicho Charles Santiago, miembro del grupo de parlamentarios por los Derechos Humanos de ASEAN, integrado por representantes electos de países que forman parte de este grupo multinacional.

El parlamentario ha hecho hincapié en que Birmania tiene que poner primero en marcha planes para garantizar la protección y el sustento de los retornados que viven en Birmania en unas condiciones similares a las del extinto régimen del apartheid sudafricano, con restricciones de movimientos y para el acceso al tratamiento médico, al empleo y a la educación.

Casi todos los rohingyas carecen de ciudadanía birmana y muchas de las aldeas en las que vivían fueron incendiadas y arrasadas por los militares en la campaña de represión iniciada en agosto de 2017. "Todavía están lamiéndose las heridas, todavía están viviendo con miedo", ha afirmado Santiago, un parlamentario malasio que lideró una misión de investigación este año en los campamentos de refugiados situados en el distrito bangladeshí de Cox's Bazar.

"No esperamos que vuelvan a vivir en barracones y como okupas", ha asegurado, en declaraciones a Thomson Reuters Foundation. Myint Thu, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Birmania, ha señalado que las medidas puestas en marcha buscan garantizar "un entorno seguro" para los retornados.

Human Rights Watch (HRW) ha contado que ha entrevistado a cientos de refugiados y solicitantes de asilo rohingyas, muchos de los cuales han afirmado que solo volverán a Birmania si tienen garantizada la "seguridad", el "acceso a la tierra" y un sustento, así como "libertad de movimientos y derechos de ciudadano". La ONG ha subrayado que los países donantes no deberían apoyar el plan de repatriación de los rohingyas.

"El Gobierno de Birmania sigue hablando sobre el retorno pero no ha hecho nada para aliviar el miedo de los rohingyas a regresar a la misma situación de violencia y opresión de la que huyeron", ha señalado el director de Derechos de los Refugiados de HRW, Bill Frelick, en un comunicado.

En agosto, Naciones Unidas recomendó que los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Birmania fueran investigados y procesados por "genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra" cometidos con los rohingyas.

Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, ha dicho esta semana a la prensa que las condiciones actuales "todavía no son propicias para un retorno" y ha asegurado que los refugiados siguen cruzando la frontera para llegar a Bangladesh desde Rajine.