Pillay pide diálogo a todas las fuerzas políticas egipcias

Actualizado: martes, 29 enero 2013 18:29


MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha reclamado a todas las fuerzas políticas egipcias que se comprometan a dialogar y pongan fin a la violencia que se ha registrado en los últimos días, tras cinco jornadas de manifestaciones que han derivado en enfrentamientos con la Policía con decenas de muertos y que han llevado al Gobierno a declarar el estado de Emergencia en varias ciudades.

"Como han demostrado los trágicos acontecimientos de los últimos días, Egipto continúa siendo extremadamente frágil e inestable. Emplazo al Gobierno a hacer un esfuerzo mucho mayor para acomodar los puntos de vista opuestos y a adoptar acciones concretas para afrontar las preocupaciones actuales", ha subrayado Pillay en un comunicado.

Para superar la actual coyuntura, en opinión de Pillay, "es necesario aumentar la participación popular" en el proceso de reformas legales, económicas, institucionales y constitucionales que está afrontando Egipto. "Cada oportunidad perdida para alcanzar el consenso nacional y cada ejemplo de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad están agravando la ya alarmantemente tensa y volátil situación" en Egipto, ha advertido la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En los últimos días, decenas de personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra el presidente del país, Mohamed Mursi.

Las movilizaciones responden al segundo aniversario de la revolución egipcia que acabó con el mandato del anterior presidente, Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011. El pasado domingo, Mursi declaró el estado de Emergencia e impuso un toque de queda de 30 días en las ciudades de Ismailia, Suez y Port Said, las que han tenido mayores movilizaciones.

Pillay ha hecho hincapié en que el Gobierno egipcio debe "repensar" con "urgencia" su respuesta a "el malestar" que ha originado tanto el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como su incapacidad de "proteger al pueblo", "especialmente a las mujeres" frente a esa violencia.

La Alta Comisionada ha dicho que todos los partidos egipcios deben renunciar a recurrir a la violencia y resolver sus diferencias de manera pacífica sin comprometer los derechos de reunión y de libertad de expresión.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha denunciado que ha recibido informes sobre las agresiones sexuales que han sufrido en los últimos días 25 mujeres cuando participaban en las protestas contra Mursi.

"Ha habido varios incidentes que se han hecho público sobre agresiones sexuales cometidas en Tahrir en los últimos 18 meses", ha subrayado Pillay. "Deploro el hecho de que se permitan que existan actos de violencia sexual con aparente impunidad en una plaza pública y que las autoridades no hayan logrado prevenir estos ataques ni hayan perseguido a los cientos de hombres implicados en estos ataques", ha apostillado.

En esta misma línea, ha reclamado al Gobierno que tome medidas para garantizar que las fuerzas de seguridad no emplean de nuevo una fuerza desproporcionada contra los manifestantes y ha exigido que se investiguen de inmediato los últimos incidentes violentos y se revisen las tácticas de la Policía en el control de manifestaciones.

Ha afirmado, además, que el estado de Emergencia debe ejercerse de acuerdo con el imperio de la ley y en línea con los estándares internacionales para garantizar que nadie es detenido o ejecutado de forma arbitraria o sometido a torturas.

Tras el llamamiento al diálogo realizado por Mursi el lunes, Pillay ha hecho hincapié en que el presidente egipcio debe "escuchar" las demandas de los manifestantes, atajar los problemas "de raíz" y afrontar las cuestiones planteadas por la oposición sobre la nueva Constitución, así como adoptar medidas inmediatas para resolver los "numerosos y graves problemas que afectan actualmente al sistema judicial".