MANILA, 10 Nov. (Reuters/EP) -
La Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una investigación contra la parlamentaria opositora Leila de Lima, antigua secretaria de Justicia y una de las figuras más críticas con la campaña de guerra contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte.
La investigación del NBI --el equivalente filipino del FBI-- ha estado analizando las actividades de la senadora De Lima, de dos antiguos funcionarios de prisiones y de varios ex reclusos. El NBI sospecha que pueden tener relación con varios casos de tráfico de drogas dentro de las prisiones filipinas.
"Es evidente de acuerdo con los testimonios de varios testigos que De Lima estaba al tanto de las operaciones ilegales que se estaban llevando a cabo en las prisiones", ha explicado uno de los responsables del caso de la NBI.
De Lima, antigua secretaria de Justicia, lleva años intentando demostrar que Duterte pudo estar implicado en la muerte de cientos de personas en otra campaña contra el narcotráfico que impulsó cuando sólo era alcalde de la ciudad de Davao, mucho antes de que se convirtiera en presidente y llevase a cabo la misma campaña a escala nacional.
Se estima que más de 2.300 personas han perdido la vida en la campaña contra las drogas desde que comenzó, hace cuatro meses. La inmensa mayoría de estas personas han muerto durante operaciones policiales, pero muchas de estas muertes han sido clasificadas por las autoridades, por lo que se sospecha que pueden haber sido obra de sicarios.
La NBI ha acusado a De Lima de proteger a ciertos reclusos en las prisiones y de permitir el tráfico de drogas dentro de las prisiones a cambio de dinero que recogía ella personalmente cada mes. El caso ha sido presentado este jueves frente al Departamento de Justicia.
"Ya ni me sorprende que este Gobierno se invente cargos en mi contra", ha señalado De Lima en un comunicado. La senadora ha calificado las acusaciones de "mentiras fantásticas y cuentos de hadas".
Este mismo lunes, De Lima presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Filipinas contra el acoso y las intromisiones en su vida privada de las que es víctima por parte de Duterte y sus seguidores. En el caso de que la investigación de la NBI llegue a juicio y sea declarada culpable, De Lima puede llegar a enfrentarse a más de 30 años de cárcel.
