Portugal.- El Gobierno y sindicatos no se ponen de acuerdo sobre la adhesión a la huelga general de funcionarios

LISBOA 6 Jul. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -

Los funcionarios de la Administración pública portuguesa están hoy en huelga en protesta por el nuevo régimen de movilidad de los funcionarios que pretende aprobar el Ejecutivo socialista presidido por José Sócrates. Sin embargo, es difícil saber el índice de adhesión, ya que los datos divulgados por el Gobierno hablan de un 10% de seguimiento y los de los sindicatos de entre un 75 y 80%.

En la segunda gran huelga general de los funcionarios de la función pública, apoyada por todos los sindicatos, y que ha tenido especial incidencia en los sectores de la salud y la seguridad social, los datos de los sindicatos y el Gobierno distan mucho entre si.

Las cifras facilitadas por el Ministerio de Economía indican que 9.121 trabajadores de la Administración han suscrito la huelga, lo que corresponde a un 9,88% del total. Números que están lejos de los facilitados por el Frente Común de los Sindicatos de la Administración Pública, al que en esta ocasión se han unido la Comisión General de Trabajadores Públicos (CGTP), el Frente Sindical de la Administración Pública (FESAP) y el Sindicato de los Cuadros Técnicos del Estado (STE), los dos últimos afiliados a la Unión General de los Trabajadores (UGT).

Las cifras facilitadas por el Frente Común indican que esta mañana la adhesión a la huelga era del orden del 80%, cifra que se aproxima a la facilitada por otros sindicatos. El FESAP habla de una adhesión de entre el 70 y el 80% en los servicios de la seguridad social, más del 90% en los ayuntamientos y entre el 60 y el 80% en los hospitales y servicios de salud.

Mientras que el STE indica que el paro varia entre el 50 y el 100% en los varios servicios de la administración "lo que da una media del 75%", con unos servicios cerrados y otros funcionando parcialmente.

Esta huelga general pretende protestar contra una gran parte de la reforma de la Administración que pretende realizar el Gobierno, "la más importante desde el 25 de abril de 1974", según el propio Ejecutivo. Esta reforma prevé la reorganización y la extinción de servicios, listas de funcionarios que sobran y reducción salarial para los que no estén integrados, transferencia de funciones para privados, límites en la progresión de las carreras, nuevas reglas de evaluación del trabajo, generalización del contrato individual y cambios en la forma de acceso a la reforma.

Además, también está en discusión la negociación llevada a cabo por el Gobierno que según los sindicatos fue muy breve, y el enfado del Gobierno por la huelga convocada hace ahora un año por el Frente Común antes de que hubiesen concluido las negociaciones.

Pero de todo el proyecto de reformas el punto más contestado es el diploma de la movilidad, al abrigo del cual los funcionarios que sobren en un servicio serán transferidos para otro o enviados para casa cobrando bastante menos de su sueldo.

Sin embargo, algo parecido realizó el socialdemócrata (centro derecha) Aníbal Cavaco Silva en 1992, cuando era primer ministro, con la 'Ley de los disponibles', que aunque fue aprobada nunca se aplicó. También José Manuel Durao Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, intentó reformar la función pública durante su breve mandato como jefe del Gobierno, pero sin éxito.

Otro de los puntos controvertidos es que de todo el proyecto de reforma de la función pública, solamente ira al Parlamento el diploma sobre la movilidad, algo que en opinión de los sindicatos no debe ser legal ya que afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos por lo que debe ser discutido y aprobado en la Asamblea de la República y no solamente en Consejo de Ministros, que hoy mismo aprobó los decretos de las nuevas leyes orgánicas de los ministerios, incluidas en el Programa de Reestructuración de la Administración Central del Estado (PRACE).