MANILA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, advirtió hoy de que podría aplicar de nuevo el estado de emergencia para impedir que ciertos grupos destruyan la democracia, después de suspender el viernes pasado el estado de emergencia declarado el 17 de febrero tras desbaratar el Ejército un intento de golpe de Estado.
Arroyo subrayó que es su deber proteger la democracia si ésta es amenazada, por lo que prometió que hará lo que sea necesario para mantener la ley. "Las leyes están ahí y, como dije cuando levanté el estado de emergencia, estoy observando los acontecimientos y no dudaré en hacer lo que sea necesario para garantizar la ley", dijo.
"Soy muy partidaria de principios democráticos, pero también creo que tenemos que impedir a los que abusan de su libertad y se instalan en grupos que un día destruirán la libertad, los comunistas que conspiran con la extrema derecha", añadió, durante una entrevista concedida a la radio local GMA.
Según la presidenta, la presunta conspiración de golpe de Estado que el Gobierno frustró la semana pasada hubiera destruido la democracia de triunfar. "Mostramos lo fuerte y estable que era nuestro gobierno, actuamos con rapidez y evitamos que hubiera violencia", resaltó.
Por otra parte, la Policía Nacional filipina pidió hoy al Departamento de Justicia que obligue a la Cámara de Representantes a que entregue a los cinco diputados de izquierda a los que se acusa de cargos de rebelión en relación con el golpe de Estado fallido. Los diputados --Teodoro Casino, Rafael Mariano, Liza Maza, Satur Ocampo y Joel Virador-- se encuentran refugiados en el Congreso tras haber sido acusados la semana pasada.
Según el responsable del grupo de investigación criminal y detención de la Policía, superintendente Jesús Verzosa, los diputados violaron el acuerdo entre la Cámara y el Departamento de Justicia ya que uno de ellos salió del recinto anoche para reunirse con un grupo de senadores.
"El incidente requiere que la cortesía dada a la Cámara de Representantes para asumir la custodia de los cinco debería ser reconsiderada ahora", declaró Verzosa, subrayando que los diputados podrían huir con facilidad de la justicia. "Como miembros del Congreso, no están por encima de la ley", añadió.
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO, "CANSADO"
Precisamente, el presidente del Congreso, José de Venecia, dijo hoy que está "cansado de ser el custodio o 'gran hermano' de los cinco", indicando que podría estar dispuesto a entregar a sus colegas a las autoridades si se emite una orden de arresto contra ellos. "Se requiere diplomacia pero si llega la orden de arresto, ningún congresista está por encima de la ley", señaló De Venecia.
El presidente del Parlamento admitió que el tener bajo su custodia a Ocampo, Casiño, Virador, Mariano y Maza se ha convertido en una tarea difícil, ya que tiene que ser responsable no sólo de su seguridad sino también de otras necesidades. En este sentido, lamentó el gasto que supone para la Cámara los alimentos, el agua, la electricidad y la seguridad que se les presta.
Según fuentes de seguridad citadas por la cadena ABS-CBN, el Gobierno tiene pruebas "sólidas y firmes" contra los seis diputados acusados de conspiración junto con soldados y políticos enemigos de Arroyo que quieren expulsarla del poder. El sexto diputado, Crispín Beltrán, se encuentra bajo custodia policial desde el 25 de febrero.
MUCHOS TESTIGOS Y TONELADAS DE PRUEBAS
"Tenemos muchos testigos y toneladas de pruebas en los tribunales de que eran parte de la conspiración", indicó el consejero nacional de seguridad, Norberto Gonzales. "Tenemos pruebas de que ayudaron en el plan fallido de golpe de Estado del mes pasado", agregó.
Según Gonzales, los seis diputados de izquierda se enfrentan a dos cargos de rebelión, uno por conspiración con el partido comunista para derrocar al Gobierno en virtud de un plan de tres años y otro por el reciente complot para derrocar a Arroyo. Asimismo, indicó que las agencias de seguridad están investigando las informaciones de que los diputados acusados estaban desviando algunos fondos para financiar las protestas callejeras y las actividades violentas de la guerrilla comunista del Nuevo Ejército Popular.
