El presidente de Polonia defiende el endurecimiento de los castigos disciplinarios a los jueces del país

Andrzej Duda, Presidente De Polonia
Andrzej Duda, Presidente De Polonia - REUTERS / HENRY NICHOLLS
Publicado: domingo, 22 diciembre 2019 15:34


VARSOVIA, 22 Dic. (DPA/EP) -

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha respaldado la polémica ley que endurece los castigos disciplinarios a los magistrados del país por tratarse de una medida "necesaria", "racional" y que contentará a quienes "creen que los jueces están por encima de la ley"

Hasta la promulgación de la ley, los jueces de Polonia operaban con casi total impunidad hasta el punto de que, según Duda, "ha dado la impresión de que era más fuerte que los otros dos poderes del Estado polaco".

Duda ha asegurado que esta medida disminuirá el poder de "este grupo caciquil de profesionales de la ley", que "ahora se dedican a denigrar a Polonia ante la comunidad internacional".

La Comisión Europa ha pedido la suspensión temporal de la ley por considerar que tiene un efecto negativo en la independencia judicial.

Además, no termina de entender que la ley afecte a aquellos magistrados que cuestionen la legalidad de los nombramientos decretados por el Gobierno a través del reformado Consejo Nacional de la Judicatura, que ahora tiene que admitir la opinión del Parlamento -- que domina el partido de Duda, Ley y Justicia (PiS) -- en la designación de los magistrados.

Los miembros de PiS han sido críticos de larga data del sistema judicial del país, que ven como un remanente "ineficiente", "egoísta" y "corrupto" del pasado comunista del país.

Es por esto que Varsovia comenzó hace más de un año la reforma del sistema judicial que, además, reduce la edad de jubilación de los magistrados del Alto Tribunal de 70 a 65 años, una jubilación forzosa que se aplica de manera retroactiva a los jueces.

En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había dictaminado que la polémica reforma viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial. La Justicia europea argumentó entonces que todos los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus órganos jurisdiccionales que formen parte de sus sistema de vías de recurso cumplan con las exigencias de la tutela judicial efectiva y, para asegurar dicha tutela, "resulta primordial preservar su independencia".

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