LONDRES, 16 Feb. (Reuters/EP) -
El presidente del Tribunal Supremo de Reino Unido, el juez David Neuberger, ha acusado a la clase política del país de no proteger ni defender la independencia del sistema judicial, después de las burlas y acusaciones de algunos medios de comunicación dirigidas contra los tres jueces del alto tribunal que emitieron un fallo sobre el 'Brexit'.
El Supremo británico recibió muchas críticas por parte de la prensa de Reino Unido en noviembre de 2016, tras el fallo en el que estableció que el inicio del proceso de salida de la Unión Europea debe ser aprobado por el Parlamento.
El periódico británico 'The Daily Mail', entre otros, definió entonces a los tres jueces que emitieron la sentencia como "enemigos del pueblo".
"Creo que mucho de lo que dijeron supone socavar el Estado de derecho", ha dicho este jueves Neuberguer en una entrevista con la cadena BBC. El juez ha asegurado que los políticos en Reino Unido no salieron en defensa de los jueves lo suficientemente rápido tras esa polémica.
"Después de que se hiciera pública la sentencia, creo que podrían haber sido mucho más rápidos y mucho más claros", ha explicado. "No obstante, todos aprendemos a base de experiencia, ya seamos políticos o jueces. Era muy fácil criticar después de lo que pasó. Tuvieron que hacer frente a una situación inesperada de la que, al igual que la gente sensata, han acabado aprendiendo", ha añadido.
Después de que los jueces aparecieran en la portada de prácticamente todos los medios del país, la ministra británica de Justicia, Liz Truss, no hizo ninguna declaración al respecto. Tardó dos días en emitir un comunicado, en el que defendía la independencia del sistema de Justicia de Reino Unido.
El Gobierno de la primera ministra, Theresa May, ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo, con la esperanza de poder llevar a cabo el divorcio con la UE sin tener que depender del Parlamento británico. No obstante, debido a que la Cámara de los Comunes cuenta con mayoría conservadora, a principios de febrero May consiguió la aprobación parlamentaria para comenzar con las negociaciones con la UE.
