BAGDAD, 27 Oct. (Reuters/EP) -
El primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, ha ordenado a sus fuerzas de élite antiterroristas que se desplieguen en las calles de la capital, Bagdad, mientras la Policía se ocupa de contener las fuertes protestas para mejorar las condiciones de vida en el país, en las que más de 60 personas han muerto durante las últimas 48 horas, y en torno a 200 desde el comienzo de los disturbios a principios de mes.
Si bien desde el Gobierno se asegura que este despliegue obedece a motivos de protección institucional, fuentes de seguridad aseguran que las fuerzas de élite han recibido orden directa de intervenir contra las protestas.
"Las fuerzas del Servicio Antiterrorista se han desplegado en algunas zonas de Bagdad para proteger a las sedes del Gobierno iraquí de elementos indisciplinados que pretenden aprovecharse de la sobrecarga de trabajo de la Policía, ocupada en tareas de protección", según una nota de la oficina del Primer Ministro.
Por contra, de acuerdo con dos fuentes de seguridad iraquíes bajo condición de anonimato, las fuerzas antiterroristas han recibido también orden de "usar todas las medidas necesarias" para poner fin a las protestas contra el Gobierno iraquí.
Al menos 67 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas desde el viernes en todo el país por los disturbios y la represión policial en el marco de las manifestaciones, que denuncian la falta de empleo, el mal estado de los servicios públicos y la corrupción.
A este balance hay que añadir otros 149 fallecidos desde el comienzo de los disturbios a principios de octubre, según informó esta semana un comité del Gobierno iraquí, que recomendó el cese de varios altos cargos.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI), ha expresado su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad y ha revelado que sus investigaciones han detectado indicios "creíbles" de que se produjeron "graves" violaciones de los Derechos Humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales de manifestantes desarmados.
Entre los presuntos abusos detectados, se incluyen medidas de represión destinadas a "limitar la información disponible de las manifestaciones", como pueden ser "arrestos arbitrarios, amenazas y acoso, confiscación de equipos, borrado de material, ataques contra los medios y restricciones al envío de información".
