Recaban más de un millón de firmas para proteger al no nacido

BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Iniciativa Ciudadana Europea 'Uno de Nosotros' promovida por una treintena de asociaciones provida de toda Europa para reclamar la protección de los no nacidos, incluida la Federación Española de Asociaciones Provida, ha recabado más de un millón de firmas necesarias de ciudadanos de al menos siete Estados miembros para que pueda ser considerada por el Ejecutivo comunitario. Se trata de la segunda iniciativa que recaba las firmas necesarias tras la iniciativa a favor del 'Derecho al agua' como servicio público y no un producto comercial.

La iniciativa busca promover la protección de la vida humana desde la concepción y pide una legislación coherente con el caso Greenpeace vs. Brüstle de 2011, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea definió por primera vez la existencia del embrión desde el momento de la fecundación del óvulo y rechaza las patentes científicas que requieran la destrucción previa de embriones humanos o su utilización como materia prima por violar "la protección debida a la dignidad humana".

La propuesta excluye explícitamente pedir la prohibición del aborto en Europa dado que no está dentro del ámbito de competencias de la Comisión Europea dado que es algo que compete a cada país regular.

La iniciativa pide en concreto la prohibición de que el presupuesto de la Unión Europeo financie actividades que implique, en la destrucción de embriones, en particular en los ámbitos de la investigación, la ayuda al desarrollo y la salud pública.

Más de un millón de firmas ciudadanas han sido recabadas en los 28 Estados miembros, según han anunciado los propios organizadores, entre ellos la Federación Española de Asociaciones Provida, pero también el Foro Español de la Familia, la organización Hazte Oír/Derecho a Vivir y Madrina.

El nivel mínimo de firmas se ha superado en once Estados miembros, aunque los organizadores de la iniciativa seguirán recabando firmas hasta el 1 de noviembre, fecha límite para recabarlas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maroc Sefcovic, ha felicitado a los organizadores de la iniciativa por "este gran logro" aunque ha recordado que "las firmas todavía tienen que ser verificadas".

"El hecho de que dos Iniciativas Ciudadanas Europeas parecen que han tenido éxito (en recabar las firmas necesarias) demuestra que es un instrumento importante para la democracia de los ciudadanos está funcionando como se esperaba y ha alentado debates genuinamente paneuropeos sobre cuestiones que son importantes para los ciudadanos", ha explicado en un comunicado.

Las denominadas Iniciativas Ciudadanas Europeas se crearon en virtud del Tratado de Lisboa para permitir que los ciudadanos de a pie puedan reclamar a la Unión Europea que presente legislaciones de su interés en ámbitos de competencia comunitaria. Las iniciativas deberán estar respaldadas por un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete Estados miembros.

Para poder registrar una Iniciativa Ciudadana Europea en la web de la Comisión Europea, los ciudadanos deberán crear antes un Comité de Coordinación compuesto por al menos siete personas residentes en siete Estados miembros diferentes, ya creado en el caso de esta primera iniciativa. Los Comités deberán elegir a un representante y un sustituye, que será el encargado de gestionar y defender la iniciativa.

La Comisión Europea ya ha avanzado que no habrá problemas para registrar una iniciativa porque sólo rechazará, en el momento del registro, "aquellas que sean manifiestamente abusivas, frívolas, ofensivas, contrarias a los valores europeos o estén fuera de la competencia de la Comisión".

Una vez registrada la iniciativa, los ciudadanos tienen un año para recabar las firmas necesarias y las declaraciones de apoyo necesarias que deberán ser certificados por las autoridades competentes de los Estaos miembros. Cualquier persona en edad de votar en las elecciones al Parlamento Europeo puede apoyar con su firma una iniciativa.

A partir de ahí, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de tres meses para estudiar la iniciativa y decidir cómo procede. Para ello, mantendrá reuniones con los organizadores de la iniciativa para detallar las peticiones concretas y éstos a su vez tendrán la oportunidad de presentarla en una audiencia pública en el Parlamento Europeo.

El Ejecutivo comunitario presentará con posterioridad una propuesta donde explicará sus conclusiones y las medidas que prevea adoptar, pero en ningún caso garantiza que presentará una propuesta legislativa concreta.