BANGKOK, 17 Dic. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
La reforma de la ley de tierras impulsada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento de Birmania amenaza con reactivar el conflicto que quedó zanjado con el acuerdo de alto el fuego firmado hace tres años, según han advertido organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
La modificación legal, que quedó aprobada el pasado 30 de octubre, supone que todos aquellos que estén ocupando un terreno baldío o abandonado tendrán que obtener un permiso específico antes del próximo mes de marzo para seguir explotándolo.
La ley tiene como principal objetivo acabar con las llamadas 'tierras de nadie'. De momento, abarca casi un tercio del territorio de Birmania, incluyendo regiones con pueblos indígenas y minorías étnicas.
El Sindicato Nacional Karen (KNU, por sus siglas en inglés), una minoría étnica que se alzó en armas contra el Gobierno, ha denunciado que esta reforma legal viola la tregua de 2015, que afecta a otros nueve grupos rebeldes.
Según el acuerdo de alto el fuego, las leyes que afecten a los derechos a la tierra de los indígenas y las minorías étnicas deben recibir el visto bueno de los grupos firmantes.
El cambio operado "no muestra preocupación por los derechos de los pueblos indígenas o las normas de los Derechos Humanos y socava la construcción de la paz", ha dicho Tah Doh Moo, portavoz del KNU, a Thomson Reuters Foundation.
Grupos de activistas han alertado igualmente de que la nueva redacción podría excluir a algunas comunidades, sobre todo indígenas, del proceso de obtención de títulos de propiedad.
"Si registran sus tierras, perderán sus derechos históricos sobre ellas", ha contado Jason Gelbort, consultor legal del Transnational Institute. "Si no las registran, se arriesgan a ser desalojados, multados o encarcelados", ha añadido.
Solo unos pocos campesinos tienen documentos que acreditan la propiedad sobre la tierra, pero incluso aquellos protegidos por títulos se han visto obligados a dejar sus tierras, han asegurado los activistas.
Si el cambio legal se mantiene, "convertirá a los pueblos indígenas en intrusos en sus propias tierras", ha alertado Signe Leth, del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).
Además, Leth ha avisado de que podría reavivar "antiguas disputas por la tierra", que se han multiplicado desde la apertura económica y política iniciada en 2011, "socavando el proceso de paz".
