TOKIO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno japonés ha anunciado este lunes la imposición de restricciones a la exportación hacia Corea del Sur de productos químicos utilizados para la producción de microchips y teléfonos móviles en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Corea del Sur de imponer a empresas japonesas compensaciones por el trabajo forzado durante la ocupación japonesa de Corea.
La nueva nipona normativa entrará en vigor el 4 de julio, pero ha provocado ya una protesta diplomática formal de Seúl, que además ha presentado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio.
"Corea del Sur ha hecho esfuerzos para mantener una relación mutuamente beneficiosa con Japón", ha apuntado el ministro de Industria surcoreano, Sung Yun Mo, antes de criticar la "venganza económica" nipona contra la decisión del Supremo.
Las restricciones japonesas afectan al fluoropolímero, a los gases para grabado y a la transferencia de tecnologías sobre fabricación. Los exportadores deberán ahora solicitar un permiso para cada cargamento que quieran enviar a Corea del Sur en un proceso que supone unos 90 días de retraso. Japón produce aproximadamente el 90 por ciento del fluoropolímero y el 70 por ciento del gas para grabado del mundo.
"La confianza que cimentaba el control de exportaciones a Corea del Sur está deteriorada", ha afiramdo el responsable de control de exportaciones del Ministerio de Comercio nipón en declaraciones recogidas por el periódico 'Japan Times'.
"REVÉS CRÍTICO"
Fuentes de la industria tecnológica surcoreana han reconocido en declaraciones a la agencia de noticias oficial, Yonhap, que esta medida supone un "revés crítico" puesto que dificulta la importación de materiales necesarios para la fabricación de semiconductores y de pantallas.
El Imperio Japonés colonizó Corea entre 1910 y 1945, cuando muchas empresas japonesas utilizaron trabajo esclavo coreano. En 1965 se normalizaron las relaciones entre Corea del Sur y Japón y Tokio ofreció como reparación avales y préstamos a bajo interés para dar por zanjado el contencioso.
Sin embargo, en octubre de 2018 el Tribunal Supremo ordenó a la japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp compensar a cuatro ciudadanos surcoreanos por los trabajos forzados e no pagados. Las autoridades coreanas defienden que se trata de un caso de derechos individuales y compensación personal inabarcables en un tratado internacional bilateral.
