Ruanda lleva a Reino Unido a La Haya para pedir 115 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ruanda ha presentado una demanda de arbitraje ante un tribunal de La Haya reclamando a Reino Unido el pago de cien millones de libras esterlinas (alrededor de 115 millones de euros) por la cancelación en 2024 de un acuerdo que contemplaba el envío al país africano de solicitantes de asilo llegados a territorio británico.

   El Ejecutivo ruandés ha desvelado que presentó el 24 de noviembre una petición de arbitraje a la Corte Permanente de Arbitraje alegando impagos relacionados con el acuerdo, que contemplaba que Kigali aceptara acoger a migrantes irregulares y solicitantes de asilo y que fue anulado en 2024 por el ahora primer ministro británico, Keir Starmer.

   Así, ha recordado que el acuerdo fue alcanzado tras unas negociaciones "a petición de Reino Unido" y ha defendido que el mimo "suponía una nueva postura firme para disuadir los peligrosos viajes migratorios, que están causando un sufrimiento inenarrable, al tiempo que se abordaba el desequilibrio a nivel global en cuanto a oportunidades económicas, una de las causas subyacentes de la migración irregular en masa".

   Kigali ha subrayado que el acuerdo "entró en vigor el 25 de abril de 2024", poco antes de que Starmer asumiera el cargo y procediera a su anulación en julio de ese año. "Lo hizo sin notificación previa a Ruanda, algo contrario al espíritu de asociación que caracterizó el Acuerdo de Migración y Desarrollo Económico (MEDP)", ha argüido.

   "Ese mismo día, Ruanda fue informada de que no habría expulsiones futuras de individuos bajo el MEDP", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que Londres reclamó en noviembre de 2024 al país que perdonara dos pagos de 50 millones de libras (aproximadamente 57,5 millones de euros) contemplados para abril de 2025 y abril de 2026.

   En este sentido, ha argüido que "Ruanda indicó que estaba preparada para aceptar estos acuerdos si el tratado era anulado, siempre y cuando se negociaran y acordaran nuevas condiciones financieras", si bien estas discusiones "no tuvieron lugar y las cantidades siguen adeudadas y han de ser pagadas, según el tratado".

   "Reino Unido ha dejado claro sin embargo que no tiene intención de hacer nuevos pagos bajo el MEDP. También ha dejado claro que no tiene intención de honrar su compromiso de alcanzar un acuerdo para reubicar en Reino Unido a una parte de los refugiados más vulnerables a los que acoge Ruanda", ha explicado.

   "De forma decepcionante, los intentos de Ruanda de mover la posición en la que Reino Unido se ha atrincherado no han tenido éxito", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que Londres notificara la anulación del acuerdo, medida que entrará en vigor el 16 de marzo de 2026.

   Por ello, ha alegado que esta situación ha llevado a Kigali a buscar un arbitraje y ha reseñado que es un paso "necesario" debido a la "intransigencia de Reino Unido". "No hay otra opción", ha apuntado Kigali, que ha incidido en que "Ruanda sigue comprometida con hallar soluciones a la crisis migratoria global, incluido dar seguridad, dignidad y oportunidades a los refugiados y migrantes" que llegan al país africano.

   Ruanda ya exigió en marzo de 2025 el pago de 50 millones de libras por el cancelado plan de deportación de migrantes y denunció que Londres había adoptado "adoptado medidas punitivas injustificadas", en referencia a la suspensión de ayuda bilateral y la imposición de nuevas sanciones por la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de República Democrática del Congo (RDC).

RESPUESTA DE LONDRES

   En respuesta, un portavoz del Gobierno británico ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que Londres "defenderá con firmeza" su posición para "proteger a los contribuyentes británicos".

   "La política sobre Ruanda del anterior Gobierno implicó el despilfarro de una enorme cantidad de tiempo y dinero de los contribuyentes", ha remarcado, en línea con las críticas del Ejecutivo de Starmer contra su predecesor, el conservador Rishi Sunak, quien acordó este programa de deportaciones una de sus medidas estrella.

    El acuerdo, suscrito en diciembre de 2024, fue firmado para solventar las dudas judiciales sobre el plan de Londres para la deportación de migrantes, garantizando por ejemplo que quienes sean reubicados a territorio ruandés no vayan a ser devueltos en ningún caso a su país de origen, una de las dudas planteadas por el Tribunal Supremo de Reino Unido.

   Así, el Supremo tumbó apenas un mes antes el proyecto del Gobierno de Sunak para fletar vuelos con migrantes a Ruanda para reducir la carga migratoria en Reino Unido. Los jueces no veían claro que Ruanda pudiese ser considerado a efectos legales como un país seguro para este tipo de medidas, cuestionadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

   El Gobierno laborista de Starmer desechó el plan poco después de asumir el cargo y criticó que el anterior Ejecutivo hubiera dado luz verde a este acuerdo, impulsado por la exministra del Interior Suella Braveman. A pesar de ello, Ruanda sostiene que hizo inversiones significativas en el marco del pacto y ha acusado a Londres de no cumplir con sus compromisos.