LONDRES, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno británico descartó hoy una amnistía para inmigrantes ilegales después de revisar los datos de las fronteras británicas. El ministro de Inmigración, Liam Byrne, requirió a los funcionarios pertinentes que elaboren un informe sobre las cuestiones que rodean esta polémica idea y constató que los planes se ejecutarán desde "la justicia, pero cumpliendo severamente las normas".
Por su parte, los defensores de la amnistía tildan de "utópico" que se pueda deportar fácilmente a aproximadamente medio millón de inmigrantes ilegales.
Cuando el pasado mayo John Reid tomó posesión como ministro del Interior, aseguró que la Dirección de Nacionalidad e Inmigración (IND) "no estaba en condiciones de lograr objetivos" y reclamó informes para estudiar cómo se habían hecho las cosas.
Sus críticas se produjeron después de la liberación, sin considerarles para su deportación, de más de 1.000 prisioneros extranjeros. Asimismo, un jefe de inmigración también admitió que se hizo poco esfuerzo para detectar a los inmigrantes ilegales que perdían el contacto con las autoridades.
Byrne atestiguó que la revisión del IND está casi completada. "Podemos asegurar que excluiremos una amnistía y en su lugar presentaremos un proyecto durante las dos próximas semanas para una ejecución justa pero severa de las normas". "No sólo reforzaremos a nuestro equipo, sino también las herramientas que necesitan para desempeñar su trabajo", remachó.
Byrne acentuó que el Departamento de Inmigración estaba progresando y lo justificó mostrando que, desde 2002, las solicitudes de asilo habían bajado en un 72 por ciento. Las estimaciones del Gobierno cifran en más de 570.000 a los inmigrantes ilegales que se encuentran en Reino Unido.
El Consejo Unido para el Bienestar de Inmigrantes (JCWI) revindicó que deberían tener derecho a quedarse los inmigrantes ilegales que hubiesen estado en Reino Unido durante al menos dos años. También demandaron que cualquier inmigrante ilegal sin antecedentes penales serios pudiese quedarse permanentemente después de que hubiera pasado siete años en Reino Unido.
El presidente del JCWI, Habib Rahman, expresó que es ahora cuando tiene que hallarse una solución con los inmigrantes ilegales en el país. "Es una realidad política que no se puede deportar a alrededor de medio millón inmigrantes irregulares y los servicios de migración de la Unión Europea solos no pueden encontrarles empleos. Es hora de que la política se acerque a la realidad y ponga en marcha soluciones prácticas", subrayó Rahman, apostillando que "al final, un sistema que niega derechos a todas las inmigrantes en Reino Unido, es socialmente injusto y provoca que haya perdedores en todos los ámbitos".
El informe viene después de que el Migration Watch de Reino Unido expusiera que, construir alojamiento social suficiente para inmigrantes ilegales llevaría 20 o 30 años, en caso de que hubiera una amnistía.
