DUBAI, 27 Nov. (Reuters/EP) -
La salud del jeque Isa Qassim, líder religioso de la comunidad chií de Bahréin, se ha deteriorado después de varios meses bajo arresto domiciliario, según ha informado este lunes un grupo de activistas.
Las autoridades bahreiníes revocaron la nacionalidad a Qassim el 20 de junio de 2016, lo que provocó una sentada frente a su vivienda que aún se mantiene. Qassim ha sido condenado por la recaudación del Jums, un impuesto islámico obligatorio entre la comunidad chií del país, que denuncia constantes represiones por parte de las autoridades suníes.
Los médicos que han visitado a Qassim en su casa de Duraz, en las afueras de la capital del país, Manama, le han diagnosticado una "hernia inguinal que requiere una operación de emergencia", según ha informado el Instituto de Derechos y Democracia de Bahrein (BIRD). El grupo de activistas han asegurado que Qassim, que se cree que tiene más de 70 años, sufre constante dolor.
"Una operación como esa conlleva un alto riesgo de mortalidad con la edad de Qassim", ha declarado el BIRD, que ha añadido que el líder chií "sufre presión arterial alta, diabetes y una enfermedad cardiaca".
Maytham al Salman, un activista interreligioso de Bahréin, ha declarado que el Gobierno de Manama es responsable de la salud de Qassim, ya que controla el acceso al tratamiento médico del líder. "La comunidad internacional debe asegurarse de que Bahréin está bajo presión para garantizar la seguridad de Isa Qassim", ha añadido.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas en Diraz, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales. En mayo el Gobierno de Bahréin reconoció que cinco personas habían muerto en la operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en Diraz, en las inmediaciones de la casa de Qassim.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
