BOGOTÁ, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha reiterado a los ex guerrilleros del M-19 el deseo del Gobierno de que se respeten los acuerdos firmados en 1990 para la extinción de este grupo armado, ante la intención de la Fiscalía de revisar los indultos.
"La intención del Gobierno es que se respete, por supuesto, porque es la palabra del Estado que está empeñada en ese acuerdo", ha dicho Santos en una carta dirigida a los ex líderes del M-19 a la que ha tenido acceso RCN Radio.
El jefe de Estado ha contestado así a la "comunicación" enviada el 17 de noviembre por cuatro ex guerrilleros --Antonio Navarro, Vera Grabe, Otty Patiño y Everth Bustamante-- para expresarle su preocupación por los planes del Ministerio Público.
Navarro, actual senador, ha celebrado la respuesta de Santos, pero ha reiterado su preocupación porque "el Estado tiene funcionarios y ramas del poder público que tienen opiniones distintas". "Necesitamos unidad de criterios dentro del Estado", ha reclamado.
REVISIÓN DE LOS INDULTOS
El fiscal general, Eduardo Montealegre, ha anunciado su intención de "desplegar las acciones de su competencia para investigar, juzgar y, si es el caso, condenar a los entonces miembros de la organización terrorista responsables de un hecho que todavía enluta al país".
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha apoyado a Montealegre esgrimiendo que hay base jurídica porque la Ley 77 de 1989 con la que se desmovilizaron los miembros del M-19 "excluyó el indulto respecto a los 'actos de ferocidad o barbarie' y los 'homicidios cometidos fuera de combate con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión'".
"Es evidente que la toma del Palacio de Justicia comprendió por parte del M-19 actos de ferocidad y barbarie que son imposibles de amnistiar. Es claro también, conforme a diversos testimonios, que en la acción esa guerrilla asesinó magistrados y civiles fuera de combate y en estado de indefensión", ha sostenido Ordóñez.
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.
En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y recientemente ha pasado a ocho.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública --militares y policías--. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.
