PARÍS, 27 Abr. (EUROPA PRESS/Javier Gómez Muñoz) -
El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, defendió hoy la nueva ley de inmigración, cuya tramitación parlamentaria comenzará el próximo 2 de mayo, como "un escudo contra el racismo", ante las duras críticas lanzadas al Gobierno por la Iglesia, las ONG y la oposición.
"La inmigración escogida es practicada por la mayoría de democracias del mundo", explicó el 'número dos' del Ejecutivo, en una entrevista publicada hoy por el diario 'Le Monde'.
El eslogan utilizado por el Gobierno para la defensa del nuevo proyecto de ley de inmigración es "sí a una inmigración escogida, y no a una inmigración sufrida". Gracias al texto, Francia endurece los controles para acceder a la residencia. El Gobierno determinará anualmente en qué sectores económicos se necesita mano de obra, para admitir a inmigrantes especializados que puedan trabajar en ellos.
En relación con su polémica frase sobre los inmigrantes ("A quienes no les gusta Francia, no deberían tener inconveniente en dejarla"), pronunciada el pasado sábado, Sarkozy explicó que "el primer deber de quien es acogido es respetar a quien le acoge".
"Cuando se pide vivir en Francia, hay que comprender que se vive en democracia. Y esto significa que la prensa tiene derecho a publicar caricaturas, también las religiosas, o que no se puede impedir a una mujer que vaya a ver a un médico", razonó Sarkozy.
Acusado por la oposición de emplear argumentos de la extrema derecha, Sarkozy se defendió argumentando que "un debate sereno" implica olvidar la tesis ultraderechista de que "un extranjero es un delincuente", pero también la de "extrema izquierda" según la cual "hablar de inmigración equivale a xenofobia".
Sarkozy responde así a las duras críticas lanzadas por la jerarquía eclesiástica contra su proyecto de inmigración en los últimos días. El Consejo de Iglesias Cristianas de Francia, que une a las cabezas de las iglesias católica, protestante y ortodoxa, envió una carta al titular de Interior con sus "inquietudes" acerca de la nueva ley.
DESIGUALDAD ENTRE INMIGRANTES
Firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal gala, el cardenal Jean Pierre Ricard, la misiva alertaba sobre "las consecuencias que sufrirán tantos hombres y mujeres ya en situación frágil". Los responsables religiosos calificaron el texto de "no realista desde un punto de vista práctico" y "problemático en lo humano".
En referencia a la tarjeta de residencia "talentos y capacidades", destinada a facilitar la entrada al país de los "inmigrantes altamente cualificados, científicos, informáticos, artistas o personas que puedan contribuir al dinamismo económico" de Francia, las altas autoridades eclesiásticas estiman que produce "una fuerte desigualdad" entre unos inmigrantes 'de primera clase', "animados a venir", y los pobres, "cuya situación será más difícil".
El Partido Socialista, líder de la oposición, prometió que presentará una fuerte resistencia parlamentaria al proyecto de ley.
"Estamos a favor de una regularización de 'sin papeles' con condiciones y criterios", declaró su primer secretario, François Hollande. "Nicolas Sarkozy propone la ausencia de toda regularización, lo que quiere decir una mayor presencia de clandestinos en nuestro territorio", censuró el líder socialista.
Las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos también han criticado el proyecto gubernamental de inmigración. El colectivo "Unidos contra una inmigración expulsable", que reúne a 460 asociaciones de toda Francia, rechazó la invitación del ministro del Interior para "dialogar" sobre el texto legal y estima que la nueva ley "vulnera los derechos fundamentales de la persona".
Otro colectivo, en este caso compuesto por unas 50 asociaciones cristianas, declaró en los últimos días que "no se trata de establecer barreras con rejas sólo por utilitarismo". Este grupo prometió que no transigirá "con los derechos del extranjero" y que el problema de la inmigración no atañe sólo a Francia sino que es "internacional".
CUOTAS ANUALES POR SECTORES
Con el lema de "inmigración elegida, pero no sufrida", asumido por Villepin, Sarkozy pretende cambiar la política de inmigración francesa, tradicionalmente aperturista y humanitaria, por otra que relacione las entradas de personas con las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país. Y pasar de una inmigración poco cualificada a una con mayor capacitación profesional.
Aunque, formalmente, el Ejecutivo galo niega que vaya a instaurar cuotas de entrada, el proyecto de ley prevé que el Gobierno indique "anualmente a la Asamblea Nacional" estimaciones cuantitativas provisionales de visados y permisos de residencia" para los siguientes tres años. Los criterios serán "la capacidad de acogida de Francia en materia de empleo, de alojamiento y de educación nacional".
Los inmigrantes tendrán que firmar un "contrato de integración", en el que se comprometen a aprender francés, a respetar las leyes y a respetar la igualdad entre hombre y mujer. El incumplimiento de lo firmado puede conllevar la anulación de ayudas sociales o incluso la expulsión. "Lo mínimo que puede exigirse es que se aprenda el francés", justificó hoy Sarkozy.
El proyecto plantea aumentar las trabas para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes, mediante la exigencia de un mayor umbral de recursos mínimos. Actualmente, disponer del salario mínimo basta para pedir autorización para que se instalen los familiares, de primer o segundo grado, que viven en el extranjero.
Las autoridades galas ampliarán hasta cuatro años también el plazo de tiempo necesario para obtener la nacionalidad en caso de unión matrimonial, a fin de evitar los "matrimonios blancos", destinados sólo a proporcionar un pasaporte francés al cónyuge que llega del extranjero.
