PARÍS, 27 Feb. (Reuters/EP) -
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha asegurado este lunes que no convocará un referéndum nacional sobre el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (más conocido como el 'pacto fiscal') en caso de conseguir la reelección en los próximos comicios presidenciales.
Sarkozy había prometido la celebración habitual de consultas sobre su política en caso de vencer en las elecciones presidenciales de abril y mayo, pero ha precisado que el referéndum sobre el 'pacto fiscal' presentaría dificultades.
"No", declaró en respuesta a una pregunta en este sentido de la cadena de radio francesa RTL. "Estamos negociando un tratado con 200, 250 artículos, y no veo cómo se puede formular una pregunta clara", añadió. Un plebiscito nacional sobre cuestiones europeas, precisó, solo sería efectivo si la pregunta fuese clara, por ejemplo, si se consultase sobre la pertenenccia a la 'zona euro'.
Sarkozy se encuentra entre uno y seis puntos por debajo del socialista Francois Hollande en las intenciones de voto en las encuestas previas a la primera vuelta, del 22 de abril, y doce puntos por debajo en los sondeos relativos a una posible segunda vuelta, anunciada para el 6 de mayo.
Veinticinco de los veintisiete Estados miembros de la UE deberán firmar en marzo el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, impulsado por Alemania. La firma se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en el marco del Consejo Europeo, pero no podrá ser incorporado al Tratado de Funcionamiento de la UE por la negativa de Reino Unido y República Checa a adherirse al mismo.
El 'pacto fiscal' tiene por objeto reforzar y mejorar el pilar económico de la Unión Económica y Monetaria, mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria, la coordinación de sus políticas económicas y la gobernanza de la zona del euro.
Para este fin, los 25 Estados signatarios se comprometen a mantener su nivel de déficit público como máximo en el 0,5% de su PIB, en términos estructurales, lo que se conoce como "regla de oro", que deberá incorporarse a las legislaciones nacionales, preferiblemente en la Constitución, de cada país.
Asimismo, cada Estado deberá incorporar un mecanismo automático de corrección, que permita retornar a los niveles de referencia, de acuerdo con el calendario propuesto por la Comisión.
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