BUCAREST, 17 Abr. (Reuters/EP) -
El Senado de Rumanía ha aprobado este miércoles una serie de cambios al Código Criminal del país que podrían dar carpetazo a varios casos de corrupción abiertos contra altos cargos rumanos, en el marco de unas medidas del partido gubernamental desde 2017 que han provocado preocupación en la Unión Europea (UE).
Entre los cambios están el recorte del estatuto de limitaciones que cubre algunos delitos, algo que automáticamente cerraría varios de los casos, a falta del pronunciamiento de la Cámara Baja, que probablemente respaldará las modificaciones.
El líder del gubernamental Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, sobre el que pesa una condena a cárcel suspendida por un caso de manipulación de votos y está en apelación por incitar a otros a cometer abusos de poder, sería uno de los beneficiarios de los cambios.
Sin embargo, la oposición y el presidente, Klaus Iohannis, podrían apelar ante el Tribunal Constitucional de Rumanía, uno de los países con mayores índices corrupción de la UE.
El Constitucional ha echado atrás varios cambios en el pasado tras las apelaciones de la oposición, si bien en respuesta el Partido Socialdemócrata ha presionado al Gobierno para que apruebe una revisión a través de decreto de emergencia, que entran en vigor automáticamente y son más difíciles de tumbar en el citado tribunal.
Por su parte, la primera ministra, Viorica Dancila, ha recalcado durante la jornada que cesará al ministro de Justicia, Tudorel Toader, si éste no presenta su dimisión. "El ministro estaba equivocado cuando dijo que haría cosas que no ha finalizado", ha dicho.
Dancila ha rechazado pronunciarse sobre los decretos aprobados por el Senado. "Para aprobar un acta en el Gobierno tendría que tenerlo sobre la mesa. No lo tengo", ha zanjado.
Toader, muy criticado por los que piden más transparencia por su campaña para cesar a la exfiscal anticorrupción Laura Codruta Kovesi, ha dicho que no tiene tiempo para responder a lo que ha descrito como "desinformación".
Transparencia Internacional sitúa a Rumanía como el país más corrupto de la Unión Europea y Bruselas, que mantiene bajo vigilancia especial su sistema de justicia, ha elogiado a los jueces rumanos por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
Los fiscales anticorrupción han estado luchando contra este fenómeno en los más altos niveles de la administración durante los últimos años, condenando a figuras de los principales partidos, con una tasa de condenas del 90 por ciento de los procesados en 2017.
