PARIS, 29 Mar. (EUROPA PRESS/Javier Gómez Muñoz) -
Los ocho sindicatos y las cuatro organizaciones estudiantiles francesas que protagonizan la protesta contra los Contratos Primer Empleo (CPE) anunciaron hoy, tras una reunión para analizar las masivas movilizaciones de ayer, que el próximo martes 4 de abril organizarán una nueva jornada de paros y manifestaciones para forzar al Gobierno a retirar la medida.
El presidente Jacques Chirac anunció hoy que "en los próximos días" se pronunciará sobre la crisis y las organizaciones sindicales han decidido aumentar la presión sobre el Elíseo para que el jefe del Estado fuerce al Gobierno a retirar su plan de empleo juvenil.
El primer ministro, Dominique de Villepin, repitió hoy de nuevo que no está dispuesto a retirar la ley que incluye la reforma de los contratos para jóvenes, pero mostró su "disponibilidad total para aportar mejoras, notablemente sobre el periodo de consolidación y las condiciones de la ruptura". En su formulación actual, los contratos obligan a un periodo de prueba de dos años, en los que el trabajador puede ser despedido sin justificación. "Nadie puede dudar de mi voluntad de restablecer el diálogo", afirmó Villepin.
El jefe del Gobierno tuvo hoy un lapsus en la Asamblea Nacional y confundió la palabra "dimisión" con la palabra "decisión", lo que motivó las risas de los bancos de la oposición y la consternación de las filas de la UMP (partido gubernamental de centroderecha). "Esperemos a que el Consejo Constitucional presente mañana su dimisión", exclamó Villepin, antes de pedir perdón y corregir la formulación de su frase.
Las cinco principales centrales sindicales del país (CGT, FO, CFDT, CFTC y CFE-CGC) enviaron ayer una carta al jefe del Estado en la que solicitaban su intervención para poner fin a la crisis del CPE. Los sindicatos piden que el jefe del Estado exija una nueva discusión parlamentaria de la ley que incluye los nuevos contratos, como lo permite el artículo 10 de la Constitución.
La movilización de ayer, que congregó a entre 1,5 y 3 millones de personas, dobló la asistencia a las protestas del pasado 18 de marzo. Un síntoma del consenso existente en Francia contra esta reforma laboral, sobre la que también ha expresado sus reservas la patronal (Medef).
El Consejo Constitucional, por otra parte, se pronuncia mañana sobre la constitucionalidad de la ley, después del recurso presentado por el Partido Socialista. Si los magistrados dan luz verde a la promulgación del texto, el presidente Chirac tendrá nueve días para firmarlo y que entre en vigor.
En caso contrario, la norma volvería a la Asamblea Nacional, lo que ofrecería una nueva posibilidad de acuerdo a Gobierno y sindicatos. La mayoría de los medios de comunicación galos se decanta por una aprobación tal cual de la ley por parte del Consejo Constitucional.