LONDRES 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) reiteró hoy su llamamiento a las autoridades sirias para que liberen "inmediatamente" al abogado Anwar al Bunni, acusado de difundir "falsas informaciones perjudiciales para el Estado" y cuyo juicio ante el Tribunal Penal de Damasco concluye mañana.
El abogado ha rechazado en todo momento los cargos, por los cuales le podrían caer tres años de cárcel. Amnistía Internacional ha calificado a Al Bunni como "preso de conciencia", por considerar que el proceso abierto contra él tiene motivos exclusivamente políticos relacionados con sus actividades en favor de los Derechos Humanos en Siria.
De los 300 sirios y libaneses que firmaron la llamada Declaración Beirut-Damasco --en la que se pedía la normalización de las relaciones entre Siria y Líbano--, diez fueron detenidos por las autoridades sirias en mayo de 2006. Otros dos detenidos son Michel Kilo y Mahmoud Issa, ambos a la espera de juicio.
Amnistía considera que todos ellos han sido encarcelados "únicamente por la expresión pacífica de sus ideas no violentas", por lo que pide su "libertad inmediata e incondicional y el levantamiento de todos los cargos contra ellos".
Anwar al Bunni, director del Centro Damasco para Estudios legales y de un centro de Derechos Humanos fundado por la Unión Europea --cerrado por las autoridades poco después de su apertura, en marzo de 2006--, se encuentra encarcelado en la prisión de Adra, cerca de la capital, desde que fue detenido el 17 de mayo de 2006.
En este periodo, según Amnistía, no se le ha permitido reunirse en privado con sus abogados, ha sufrido golpes y ha sido sometido a tratos humillantes. Aparte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Dayala al Haj Arif, ha pedido incluso que se le retire la ciudadanía siria.
Desde la cárcel, según la organización, Al Bunni ha seguido luchando por los Derechos Humanos. La semana pasada envió una carta al presidente de Siria, Bashar al Assad, en la que pedía una investigación sobre las condiciones de vida en las cárceles y denunciaba que cerca de 6.000 presos de Adra sufren cada día golpes, insultos e intimidaciones y se les impide salir de las celdas, ver la televisión y escuchar la radio.