MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha desvelado la formación de un comité y la apertura de un diálogo para enmendar la controvertida ley que limita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que ha recibido numerosas críticas a nivel nacional e internacional.
En el marco del Foro Joven Internacional, celebrado en la localidad de Sharm el Sheij, el mandatario se ha mostrado de acuerdo en que es necesario hacer frente a los "defectos" que contiene la legislación, aprobada en 2017.
El Parlamento aprobó esta ley en noviembre de 2016, que fue ratificada posteriormente por Al Sisi en mayo de 2017. El presidente ha pedido ahora que se vuelva a abordar el asunto para obtener una legislación "más equilibrada", según ha informado el diario local 'Al Ahram'.
Así, ha destacado que en el país operan más de 50.000 ONG y organizaciones de la sociedad civil y ha subrayado que hacen "un gran trabajo", por lo que ha defendido que el Estado ayude a estas organizaciones llevar a cabo su tarea "de forma eficiente y efectiva".
Al Sisi ha manifestado en este sentido que el Gobierno no está satisfecho con esta ley y que por ello no la ha aplicado de forma efectiva "con la esperanza de poder volver a redactarla", tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
Si bien los críticos han indicado que la ley se centra principalmente en las organizaciones pro Derechos Humanos, incluso las instituciones apolíticas se han quejado de que limita sus actividades, en una etapa en la que los recortes a los subsidios y los aumentos de impuestos han afectado a los más desfavorecidos.
Las organizaciones caritativas han tenido desde hace años un papel importante en la ayuda a la alimentación, la sanidad, la educación y la vestimenta, en un país en el que millones de personas viven con menos de dos dólares al día.
La legislación contempla que las donaciones que superen las 10.000 libras egipcias (cerca de 490 euros) reciban aprobación previa. En caso de que no sean aprobadas en un plazo de 60 días, las peticiones son rechazadas de forma automática.
El no informar a las autoridades sobre este tipo de donaciones podría derivar en condenas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta un millón de libras egipcias (alrededor de 49.000 euros).
