Solomy Balungi, jueza ugandesa del TPI, denuncia racismo y machismo en las sanciones de Trump

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) Solomy Balungi, de nacionalidad ugandesa, ha denunciado el carácter discriminatorio de las sanciones impuestas el año pasado contra ella y su colega la magistrada peruana Luz Ibáñez por la Administración de Donald Trump, a la que recientemente ha demandado para impugnar unas medidas "ilegales" que le vienen generando tanto a ella como a su familia un "gran daño" psicológico.

"La decisión que dio lugar a nuestra sanción fue tomada por cinco jueces de la Sala de Apelación (...) Tomamos esta decisión por unanimidad y solo seleccionaron a dos de nosotros para sancionarnos. Así que, si alguien tenía alguna duda sobre el hecho de que la nacionalidad importa en este ámbito, ahí está la prueba", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press, recordando que fue justo hace un año cuando el Gobierno de Estados Unidos las sancionó en represalia por la apertura, cinco años antes, de una investigación contra el personal estadounidense desplegado en Afganistán.

Balungi ha incidido en su condición de mujer y su color de piel a la hora de criticar las medidas de Washington. "Yo procedo de Uganda, que pertenece al Sur Global. Soy una mujer negra. Y mi colega de Perú, también procede del Sur Global. Es una mujer de piel oscura. ¿Qué se supone que debíamos pensar al respecto? Porque cuando se ha tomado una decisión conjunta y solo se señala a dos de nosotras, significa que nos ven como un medio para cumplir un objetivo. Así, es mucho más fácil coaccionar o castigar", ha considerado.

Además de Balungi e Ibáñez, formaron parte de ese quórum los magistrados Piotr Hofmanski, polaco; Howard Morrison, británico, y la canadiense Kimberly Prost, posteriormente sancionada por su participación en casos contra Israel, incluida la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

La magistrada ugandesa ha pronunciado estas palabras apenas un día después de presentar una demanda contra la Administración Trump precisamente junto a Prost y una tercera compañera del TPI, la beninesa Reine Alapini-Gansou.

Balungi, que este jueves ha participado en un acto en el Ateneo de Madrid sobre las decisiones de Estados Unidos contra miembros del TPI, ha precisado que se trata de una denuncia "conjunta" de las tres y que, si bien sus efectos varían debido al origen distinto de cada una, "básicamente estamos diciendo lo mismo: que las sanciones son ilegales, inconstitucionales y contrarias al Derecho Internacional".

"Nos encontramos en una situación difícil y queremos utilizar todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de (poder) salir de ella (...) Nuestra vida cotidiana se ha vuelto muy difícil porque no podemos acceder a los servicios financieros. No podemos dar de alta ningún servicio. Nos han cancelado las tarjetas de crédito. No podemos hacer transferencias a ningún sitio. Cobramos el sueldo, pero se queda ahí en la cuenta porque, en cuanto la transferencia que quieres hacer pasa por el sistema SWIFT (estadounidense), los bancos no la tramitan", ha relatado.

En este sentido, la jueza de 70 años ha recurrido de nuevo a los orígenes para mostrar la situación a la que se enfrenta a raíz de las sanciones estadounidenses y que ha descrito como "muy incómoda". "La mayoría de nosotros no somos de Europa. Aparte del daño emocional que supone que nos persigan por hacer nuestro trabajo, tenemos que soportar la dificultad de no poder atender las necesidades de nuestras familias, que también se ven afectadas psicológicamente", ha lamentado.

"No podemos enviarles dinero. Ocuparnos de nuestros propios hogares en nuestros países de origen se ha vuelto difícil. Tenemos facturas que pagar, mantener un hogar, pagar los servicios públicos y echar una mano. En África tenemos familias numerosas. No se limita a nuestra familia nuclear. Nos ayudamos unos a otros porque no contamos con muchos servicios sociales. Así que ayudamos a la familia siempre que podemos. Pero ahora, debido a estas sanciones, está resultando muy difícil", ha agregado.

Con todo, para Balungi el objetivo al interponer la denuncia no es solo que el Gobierno estadounidense levante las sanciones en su contra y sus compañeras sino que quiere "dejar claro que no está bien castigar" a jueces y fiscales que hacen su trabajo "solo porque se quiera que decidan de forma diferente a lo que se considera adecuado".

Existen mecanismos para sancionar a estos jueces cuando han cometido "alguna infracción" mientras que la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma estipula en qué casos se puede tomar una medida de este tipo contra uno de los miembros del tribunal. Sin embargo, ha recalcado, "ninguno de estos procedimientos se ha tenido en cuenta en absoluto" y quien ha impuesto las sanciones --Estados Unidos-- no forma parte del Estatuto de Roma ni, por tanto, reconoce la autoridad del TPI.

"Todo ello plantea la cuestión de si este es el procedimiento adecuado, incluso cuando no se está de acuerdo con una decisión tomada por un tribunal (...) Si una gran nación o un gran estado como ese no respeta la independencia de los jueces, ¿qué mensaje está enviando al mundo? Especialmente a los Estados que crearon el Tribunal y que creen en él", se ha preguntado aludiendo a los 125 países que forman parte del TPI, siendo Ucrania el último que sumó oficialmente en enero del año pasado.

Sobre el futuro de la corte y de la justicia internacional, Balungi se ha mostrado optimista pese a la salida de algunos países del Estatuto de Roma como es el caso reciente de Níger. "Hay esperanza. Hay esperanza de que, cuando los miembros sensatos vuelvan al gobierno, las cosas cambien, porque este tribunal es por el bien de la humanidad. No es por el bien de los gobiernos. Este tribunal se creó para juzgar a personas sospechosas de haber cometido delitos internacionales graves. Se trata de personas, no de Estados", ha señalado, tras recordar que el Ejecutivo húngaro de Peter Magyar ha decidido revocar la decisión de su predecesor, Viktor Orbán, de retirar al país del Estatuto de Roma y, por tanto, de la corte.

Preguntada por el auge de los autoritarismos, Balungi ve "muy preocupante" los crecientes intentos de injerencia en el sistema judicial, también en el derecho penal internacional, si bien ha asegurado que, aunque "recurrente", "no ha empezado hoy".

"¿Por qué una nación, un Estado, debería poder bloquear a todo el mundo, a todas las instituciones internacionales, mientras las demás naciones no tienen voz ni voto al respecto? (...) No podemos hacer gran cosa al respecto. Son los líderes y quienes están al frente quienes deben alzar la voz y decir: 'Esto no está bien. Tratemos todas las situaciones por igual' y tendremos un mundo mejor", ha defendido.