Sri Lanka.- El Gobierno acusa a los tamiles de raptar este año a 455 menores de edad para utilizarlos como combatientes

COLOMBO, 20 Dic. (EP/AP) -

El Gobierno de Sri Lanka acusó hoy a los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) de raptar a al menos 455 menores de edad de las zonas controladas por el Gobierno para utilizarlos como combatientes y pidió a los rebeldes que detengan este tipo de actividades.

"Esta estadística se basa en los informes de la Policía que se han elaborado a partir de las denuncias de familiares", dijo el portavoz militar brigadier Prasad Samarasinghe en una conferencia de prensa. "Si muchos padres no temieran las represalias, la cantidad hubiera sido mucho mayor", añadió.

Los rebeldes, por su parte, dijeron que los jóvenes se unen voluntariamente a su causa y luchan en las zonas insurgentes sin coacción. Según el portavoz de los rebeldes, Rasiah Ilanthirayan, cuando las guerrillas conocen la edad de los mismos se les pregunta si desean volver a sus casas, cosa que pueden hacer libremente. Ilanthirayan, desde el cuartel general tamil de Kilinochchi, negó las acusaciones vertidas sobre su grupo y considera que se trata de una "contrapropaganda emitida por le Gobierno y el Ejército para difamar" a su "movimiento de liberación".

"Nos reímos de que el Gobierno y el Ejército nos acusen de semejantes actos", declaró Ilanthirayan, ya que "son ellos los culpables de la situación de opresión en la que se encuentra el pueblo tamil, en general, y sus jóvenes, en particular".

Esta acusación se realiza poco después de que el Gobierno denunciara que los tamiles secuestraron a 16 chicas, siete chicos y dos profesores de una escuela que se encuentra en Ampara, en el este del país, zona bajo control gubernamental.

LTTE, grupo fundado en 1976, busca la creación de un estado tamil independiente al noroeste del país. Tiene en la actualidad como principal líder a Velupillai Prabakharan y es considerado un grupo terrorista por varios países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Australia y Malasia, si bien la ONU no ha emitido ninguna condena específica.